En Honduras se planea destituir a jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia enfrentados con el gobierno de turno, al fiscal general y otros funcionarios del Ministerio Público señalados desde el pasado con el dedo acusador de quienes hoy ejercen el poder, en una decisión considerada por muchos analistas como un intento por concentrar el poder.
Recientemente el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, nombró una comisión especial para investigar a los operadores de Justicia en Honduras, relacionando sus acciones con el cumplimiento de los tratados de extradición.
La comisión está integrada por los congresistas Ramón Barrios, Jari Dixon, Silvia Ayala, Maribel Espinoza, Netzer Mejía, Carlos Raudales, Jorge Luis Gaido, Mauricio Villeda y David Manaiza.
En el debate se habló que la Comisión Especial que investiga a los magistrados y jueces se organizó en respuesta a múltiples antecedentes de solicitudes que se han hecho en el país, pero no se mencionó nombres de personas u organizaciones que han enviado sus peticiones al Congreso Nacional y en que fechas.
“Con la captura del expresidente Juan Orlando Hernández y las acusaciones graves establecidas por Estados Unidos, nos muestra la debilidad, falta de voluntad de los órganos de justicia hondureña en especial del Ministerio Público” frase textual del vicepresidente del Poder Legislativo Hugo Noe Pino instantes después que el presidente Luis Redondo juramentó la comisión.
Después agregó “quiero dejar esa reflexión en el seno de todas las bancadas, porque un silencio de lo que se denomina el primer poder del Estado realmente es inconcebible ante esta situación”.
El diputado Ramón Barrios, presidente de la Comisión Especial que investiga las extradiciones como punta de lanza para cumplir la meta propuesta, manifestó que después de presentar el informe completo el Congreso Nacional ya no investigarán a nadie más, sino que espera que se tomen acciones en torno al Poder Judicial, la Fiscalía y otros entes de seguridad del país.
Barrios dijo que desde el Congreso Nacional se conocerá cómo se ha venido manejando este tema en el país y de haber irregularidades se propondrá interpelar a algunos funcionarios judiciales.
La diputada Silvia Ayala coincidió con el presidente de la comisión y fue más allá, dijo que ya hay algunas voces que están planteando que por la falta de actuaciones de los operadores de justicia también cabe un juicio político contra los investigados.
Las prácticas que ayer se criticaban, hoy se pretenden repetir, lo que fue malo ayer, es bueno hoy, se fue el dictador y se imita al dictador.
Los antecedentes más cercanos están en tiempo y distancia, hace unos meses El Parlamento Salvadoreño con mayoría oficialista y dirigidos por el presidente Nayib Bukele retiró del cargo a los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, a los suplentes, y jueces contrarios al gobierno, inmediatamente se nombró a sus reemplazantes, que escoltados por la policía llegaron al Palacio de Justicia para asumir funciones, en cuestión de días el Fiscal General de El Salvador corrió con la misma suerte.