La persecución, intimidación, acoso, y despido ilegal de trabajadores del sector público violentando sus derechos laborales y económicos, al separarlos de sus puestos de trabajo violando los Convenios Internacionales con la OIT, y la legislación nacional contenida en la Ley de Servicio Civil, y el Código de Trabajo, sumado a que el Gobierno ha creado y financia, con los fondos públicos, a grupos de choque y represión que envía a las diferentes Instituciones del Estado para insultar, amedrentar, e intimidar a los
trabajadores, e incluso hasta han llegado al extremo de agredirlos físicamente, sin respetar a las mujeres embarazadas.
En la intervención directa del Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, al imponer y reconocer a la Junta Directiva encabezada por el diputado Luis Redondo, la cual fue electa Inconstitucionalmente por razón de forma, provocando la violación a los Derechos Humanos de todos los hondureños y hondureñas.
El 27 de enero del año en curso, la misma titular del Poder Ejecutivo, reconoció de pleno derecho la ilegalidad de dicha junta directiva, ya que estando presente en su acto de juramentación el diputado Luis Redondo, actual titular usurpador de esa junta directiva ilegal, NO permitió que él procediera a realizar la
juramentación o toma de la promesa de ley constitucional, sino que fue una juez de letras quien realizó dicho acto constitucional, ya que la ley expresa que en ausencia del presidente del Congreso Nacional, y del presidente de la Corte Suprema de Justicia, un juez de letras, o de paz puede realizar este acto, lo que demuestra que aun estando presente el diputado Luis Redondo, no ostentaba ni era reconocido por el Poder Ejecutivo como presidente del Poder Legislativo.
Todos sus actos consistentes en la creación de leyes, derogación de leyes, autorización de permisos a funcionarios de órganos electorales y Diputados para ocupar cargos en el Poder Ejecutivo, son completamente ilegales, además de la aprobación de un decreto de amnistía con enfoque a ciertos ex funcionarios, el cual además de ilegal, es discriminativo para otros ex funcionarios, siendo la ley de término general y no específico, y todo esto producirá a corto, mediano, o largo plazo, las nulidades en todas las actuaciones, tanto de este Congreso Nacional, como de los funcionarios que hoy ocupan la Secretarías de Finanzas, Salud, y Relaciones Exteriores, especialmente en cuanto a la suscripción de
préstamos, convenios, acuerdos, y otro tipo de actos jurídicos.
En la destitución ilegal de funcionarios públicos electos por el Congreso Nacional, específicamente a los titulares de la Procuraduría General de la República quienes fueron destituidos sin haber terminado el periodo constitucional para el que fueron electos, y haber nombrado a sus sustitutos quienes no reúnen los requisitos constitucionales para ostentar dichos cargos, Así como, las frecuentes amenazas de destituir a otros funcionarios como ser: El Fiscal General de la República y su Adjunto, Magistrados de la Corte Suprema, y del Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CONADEH), entre otros, y la amenaza de crear y aprobar leyes reguladoras que limitarían la libre expresión.
El aumento de la inseguridad ciudadana, la que, según reporte del Observatorio de la Violencia de la UNAH, subió un 13% en el presente año, y la cual se refleja en los altos índices de asesinatos, robos, asaltos, secuestros, narcomenudeo, extorsión, cobro del impuesto de guerra por maras y pandillas, y otro tipo de delitos, que impactan directamente contra la vida de las personas obligándolas a migrar ya que no pueden gozar de sus derechos humanos dentro de nuestro País.
Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos