Un día se le ocurrió al ex funcionario del SAR Marlon Ochoa llegar como pasajero en un camión en el que transportó las presuntas pruebas contra los miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), entidad que le retó a presentar una denuncia formal en el Ministerio Público.
Ochoa llevó apoyo y un grupo de personas gritó en repetidas ocasiones “¡justicia tributaria, es justa y necesaria!”, en referencia a una propuesta de ley estancada en el Congreso con la que el gobierno pretende eliminar varias concesiones a empresas, alegando que deben pagar impuestos.
El exfuncionario trasladó en un camión rentado varias docenas de cajas que contenían unas 20 páginas llenas de evidencias que probaban como unas 10 familias acaudaladas de Honduras evadían impuestos en perjuicio del Estado de Honduras
“Estoy presentando 20 mil páginas de evidencias contra 10 familias que se enriquecieron a costa del pueblo”, dijo el exdirector del SAR desde un podio que le montaron en la entrada del Ministerio Público.
Minutos antes, el asesor legal de la gremial empresarial, Rafael Jerez, externó que “un funcionario que en lugar de estar trabajando se dedica al espectáculo público, sus declaraciones son muy delicadas”.
“Se han cometido violaciones, tráfico de influencias y delitos fiscales que rondan los 1,500 millones de lempiras (poco más de $60 millones) en perjuicio del país”, insistió Ochoa.