Una representación parlamentaria de Honduras presentó en el Ministerio Público una formal denuncia contra los directivos ilegales del Congreso Nacional, Luis Redondo, Angelica Smith y el secretario Carlos Zelaya por haber enviado sin la debida autorización a sanción y publicación en La Gaceta el convenio de adhesión al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Los diputados Marlon Lara (Partido Liberal), Maribel Espinoza (PSH), Lissi Cano (Partido Nacional), entre otros, interpusieron la denuncia en la Fiscalía de la República
.La denuncia es por el delito de abuso de autoridad contra 3 congresistas, dos del Partido Libertad y Refundación y otro independiente.
El documento reza:
SE INTERPONE DENUNCIA POR LOS DELITOS ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, PERTURBACIÓN ILÍCITA DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES E IMPEDIMENTO DEL EJERCICIO DE OTROS DERECHOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN.- SE PROPONE LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS A EFECTOS DE OBTENER LOS ELEMENTOS PROBATORIOS PARA LA CONSTATACIÓN DE LOS DELITOS DENUNCIADOS. SE PROCEDA A LA PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTO FISCAL, UNA VEZ PRESENTADO SE SOLICITE AL ORGANO JURISDICCIONAL, QUE EMITA LAS ORDENES DE CAPTURA CORRESPONDIENTES CONTRA LOS DENUNCIADOS.-
MINISTERIO PÚBLICO MÓDULO DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS
Nosotros LOS ABAJO FIRMANTES, DIPUTADOS Y DIPUTADAS AL CONGRESO NACIONAL 2022-2026, todos mayores de edad, hondureños y Diputados del Congreso Nacional de la República, actuando en nuestra condición de mandatarios del pueblo, en un fiel y claro interés legitimo de proteger a Honduras; con el debido respeto comparecemos ante el Ministerio Público a través del Módulo de Recepción de Denuncias del Ministerio Público a INTERPONER DENUNCIA en contra de los Diputados fungen como Presidentes y Secretarios de Junta Directiva del Congreso Nacional, encabezada por LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO, CARLOS AMANDO ZELAYA ROSALES y ANGÉLICA SMITH MEJÍA, por suponerlos responsables de la comisión de los DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, PERTURBACIÓN ILICITA DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES E IMPEDIMENTO DEL EJERCICIO DE OTROS DERECHOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA E INSTITUCIONES DEL ESTADO Y EL EJERCICIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES.