El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, en una comparecencia en el foro Frente a Frente de Televicentro, hizo un llamado a los diputados del Congreso Nacional para que resuelvan el tema de legalidad de su Junta Directiva, para evitar consecuencias legales ante las decisiones que se toman en ese poder, y más cuando se acerca la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), señaló el líder católico.
Rodríguez Maradiaga les sugirió a los diputados hondureños que se sienten a dialogar y llegar a consensos, para solventar las diferencias que existen desde enero de 2022 sobre la elección de la directiva del Poder Legislativo.
«Es un problema grave y ojalá que lo puedan enfrentar», dijo Rodríguez al comparar el tema de la legalidad del Congreso con una enfermedad «que debe ser sanada».
Advirtió al Congreso Nacional que si siguen sin resolver el problema de legalidad de la Junta Directiva «puede venir un cuestionamiento conforme a la ley y conforme a la Constitución que haga caer muchas cosas».
El Congreso Nacional de Honduras permanece en un accionar errático desde el 23 de enero del 2022, en tras elegir dos Juntas Directivas provisionales, una que no contaba con el apoyo de la presidenta electa Xiomara Castro y la otra sin reunir los votos necesarios si contaba con el apoyo de la mandataria.
Ese día la sesión estuvo marcada por golpes, abucheos y gritos entre los diputados de diversos bandos políticos.
La Junta Directiva que presidía el diputado Jorge Calix fue elegida con 85 votos a favor, entre los que había 20 legisladores del partido LIBRE, la base política de la recién electa jefa de Estado, quienes cerraron filas con el opositor Partido Nacional y varios diputados de otros partidos que se enlistaron para elegir a Calix.
Ante esto, el resto de los diputados de Libre se reunió con miembros del PSH y varios diputados suplentes de LIBRE, más un diputado nacionalista para apuntar su propia Junta Directiva provisional.
Para presidir el poder legislativo, seleccionaron a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras, con quien habían firmado un pacto pero sin votos propietarios.
La reacción de Castro y Libre no se hizo esperar, expulsaron del partido LIBRE a 18 de los 20 legisladores, luego de que dos se retractaron y los señaló como traidores.
Los diputados del Partido Nacional y algunos disidentes del Partido Libre, varios profesionales del Derecho Constitucional y otras organizaciones políticas han manifestado que la elección de Luis Redondo como presidente de ese poder del Estado es ilegal y debe repetirse.
Recientemente la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó que la junta directiva del Poder Legislativo, el actual procurador general y el subprocurador son ilegales.