La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) con apoyo de otras organizaciones de sociedad civil, presentaron el informe “Géneros y Corrupción en Honduras”, que revela como la corrupción provoca un mayor índice de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y personas LGTBIQ en el país.
El documento establece que la falta de transparencia en el ejercicio de las funciones públicas impacta en los grupos vulnerables al no brindar respuestas oportunas y efectivas, lo que impide que tampoco tengan acceso a la justicia y respeto de los derechos sexuales y reproductivos. Así también, tienen pocas oportunidades laborales y educativas.
El informe cita que en Honduras el índice de impunidad es feminicidios es de 91% mientras que según datos de la organización Catrachas, entre el 2009 y el 2020, se contabilizaban 363 incidentes violentos hacia la población LGTBIQ y 1 caso de desaparición forzada. Las denuncias por agresiones tampoco proceden ya que no está específicamente tipificado la discriminación por género. Adicionalmente, 14 fiscales llevan 5,500 denuncias en materia de derechos humanos y terminan siendo engavetadas por falta de personal para dar respuesta.
Son estos grupos en condición de vulnerabilidad los que también resultan ser las víctimas más frecuentes de sextorsión para acceder a servicios, tomando en cuenta que este delito no está tipificado en la legislación hondureña como tal y la mayoría de víctimas se quedan calladas por el temor de denunciar a funcionarios u oficiales.
En reacción a estos datos el director ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández, manifestó que “tenemos cada vez más, evidencia de como la corrupción afecta de manera directa y con más fuerza a diversos grupos y colectivos”, por lo que animó a las organizaciones a mantener la colectividad para fortalecer el diálogo y la lucha anticorrupción orientada a fortalecer la protección de los derechos humanos.
De acuerdo con el documento, en vez de tener recursos para invertir en programas de educación, de justicia, de trabajo; estos fondos se “pierden” o se invierten en otros asuntos, ya que estos grupos no son prioridad del Estado, mismo que no brinda apoyo a las organizaciones y asociaciones que trabajan con mujeres y personas LGTBIQ que deben autogestionarse para sobrevivir.
Por su parte, Claudia Padilla, coordinadora de la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) en Comayagua, declaró que este estudio “deja en evidencia las necesidades y el olvido que ha tenido históricamente el gobierno hacia estos grupos, por lo que es necesario abogar por alianzas entre el Estado y organizaciones de sociedad civil para garantizar el cumplimiento de sus derechos”.