La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre expresó hoy su preocupación por el alarmante aumento de suicidios en el país que, entre el 2014 y julio del 2022, dejó más de 3,100 víctimas, alrededor de una persona diaria, lo que devela un grave problema de salud mental en este país centroamericano, agobiado por la pobreza y la miseria.
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra el 10 de septiembre, de cada año, la Defensora del Pueblo destacó la importancia de crear conciencia sobre la prevención del suicidio, que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en el país.
Indicó que, desde la Defensoría de Personas con Discapacidad, del CONADEH, el tema de salud mental es un objetivo prioritario, dada la escasa atención que, como discapacidad psicosocial, con un enfoque integral e inclusivo, reciben los usuarios de salud mental, tanto desde las autoridades como de la misma sociedad.
La prevención del suicidio no se ha abordado adecuadamente, en el país, lo que impide que la gente busque ayuda y eso contribuya a que este problema de salud pública aumente, cada año, como lo evidencian las cifras registradas.
El problema de salud mental está asociado con la falta de oportunidades y las condiciones de pobreza y de miseria que, en Honduras, afecta siete de cada diez hondureños.
En el año 2014, para el caso, se registraba un suicidio cada 35 horas, situación que cambió radicalmente a partir del año 2017, al reportarse más de una víctima diaria, situación que se mantiene hasta lo que va del 2022.
33 víctimas mensuales a partir del año 2020
Entre el 2020 y julio del 2022 (31 meses), en Honduras se reportaron unos 1,029 suicidios, un promedio de 33 mensuales o una víctima cada 22 horas.
Durante este período, los 18 departamentos del país han sido escenario de muertes por suicidios, sin embargo, alrededor del 49% de los mismos se registraron en Francisco Morazán con 219 casos, Cortés 135, Choluteca 78 y Copán con 62 casos.
El 82% de los suicidios que se registran en el país son cometidos por hombres y el 18% restante por mujeres.