A partir del 7 de septiembre entra en vigor la ley que convierte a la criptomoneda en “moneda” de uso legal en El Salvador. El Fondo Monetario Internacional volvió a advertir de riegos “fiscales, monetarios y de protección de los consumidores”.
Kristalina Georgieva, titular de la institución financiera, apuntó que la decisión de El Salvador no es “aconsejable” debido a los riesgos que conlleva en materia de “políticas fiscales, monetarias y de protección de los consumidores”.
Durante sus declaraciones, ofrecidas durante un foro del FMI sobre monedas digitales, Georgieva también mencionó que el organismo ha compartido sus opiniones sobre tales riesgos con autoridades salvadoreñas.
«Desafortunadamente no hay estrategias de mitigación fáciles para estos riesgos», apuntó.
Durante su explicación del tema, la representante del organismo financiero también trajo a colación tres de las principales interrogantes que más preocupan con relación al tema.
La primera es ¿Cómo sabrá el Gobierno salvadoreño lo que se puede recolectar en impuestos cuando el bitcóin fluctúa tanto? «Ese es un problema que el ministerio de Hacienda va a tener que afrontar y no es uno fácil», afirmó.
Luego cuestionó cómo hará la población salvadoreña, consumidores individuales y proveedores que ofrecen bienes y servicios en ese activo volátil.
Y por último reabrió el debate sobre el impacto medioambiental de la divisa electrónica: «¿Cómo podemos justificar la alta intensidad energética en el minado de algo por enriquecer un sustituto de algo que es mucho mejor, estable y de confianza?», se preguntó.
El Gobierno salvadoreño por su parte sigue firme en su decisión. El presidente Nayib Bukele se ha referido al bitcóin como el “futuro” y defiende su uso argumentando que será una ayuda para los salvadoreños en el exterior que envían remesas, ya que no pagarán cargos extras.
Las remesas equivalen a alrededor del 20% de la dolarizada economía de la nación.