Fuente. Departamento de Estado de los EEUU. IELA
El Gobierno de Los Estados Unidos relata que, hace casi ocho años, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicaragüenses que se opusieron con valentía contra las crecientes tiranía, corrupción y abusos del régimen.
Hoy, con motivo del aniversario de las protestas de abril de 2018 y en memoria de los más de 325 manifestantes asesinados tras los hechos, la Administración Trump y el jefe del Departamento de Estado Marco Rubio designaron al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, en virtud de la sección 7031(c), por su participación en graves violaciones de derechos humanos.
Esta designación pública se realiza conforme a la sección 7031(c) de la Ley de Seguridad Nacional y Asignaciones del Departamento de Estado y Programas Relacionados (National Security, Department of State, and Related Programs Appropriations Act) de 2026 (Div. F, P.L. 119-75).
El Gobierno de Estados Unidos ha señalado este sábado al viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por su implicación en «graves violaciones» de los Derechos Humanos, coincidiendo con la conmemoración de las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en la primavera de 2018.
En abril de 2018, de manera sorpresiva, jóvenes estudiantes universitarios se manifestaron intensamente demandando al gobierno de Daniel Ortega medidas contra la tragedia ambiental del incendio de la Reserva Indio Maíz, en la Costa Caribe.
Estas protestas fueron la chispa que encendió la rebelión contra el régimen de Ortega en Nicaragua.
Días después, el gobierno impulsó unilateralmente una reforma al seguro social, incrementando la cuota laboral y reduciendo la pensión de los jubilados.
Los ancianos se movilizaron y fueron vapuleados por los grupos de choque manejados por la pareja presidencial (GIEI, 2018; Infobae, 2018). Las imágenes de la represión provocaron gran indignación y se incrementaron las protestas.
La respuesta de la dictadura fue aumentar la represión y hacer uso de las balas. El 19 de abril mataron a los primeros muchachos. El 20 de abril el país se levantó y los estudiantes se tomaron las universidades. Este día fueron asesinados 25 jóvenes y pobladores.
El día 21 se reportaron 15 muertos; el 22 de abril fueron 11 los muertos reportados. Todos ellos fueron ultimados con disparos de francotiradores dirigidos al pecho y la cabeza (Confidencial, 2018a).
La repuesta popular ante una matanza que aumentaba fueron continuas jornadas de multitudinarias manifestaciones, y el levantamiento de barricadas y tranques en distintos puntos de la geografía nacional.
Bloquear el país era una señal de protesta, pero también una medida de seguridad: las barricadas evitaban que los paramilitares entraran por las noches a los barrios. En este contexto, el gobierno trató de sofocar la rebelión derogando el decreto de reforma de la seguridad social. Sin embargo, la rebelión continuó pues ante tantos muertos e injusticia la demanda de la población era: ¡Que se vayan! ¡Democracia, Justicia y Libertad!
Durante todo el mes de mayo de 2018 el país permaneció paralizado, el poder de Ortega se disolvió y en cada lugar del territorio mandaban los muchachos, pobladores y campesinos de los tranques. Esta rebelión sin jefes ni jefas, sin partidos, sin cabezas visibles, obligó al gobierno a iniciar un proceso de diálogo, con intermediación de la Iglesia Católica.
El Diálogo Nacional se suspendió semanas después de haberse iniciado, pero ese tiempo permitió al régimen articular una brutal respuesta represiva, conocida como “Operación Limpieza”, que dejó al final de julio más de 500 muertos, según la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH) (EFE, 2018). Por su parte, la CIDH documentó al menos 328 muertos incluyendo 24 niñas, niños y adolescentes; 800 presos políticos y más de cien mil exiliados (GIEI, 2018).
Mientras tanto, el gobierno de los Ortega argumentó que la rebelión se trataba de un intento de Golpe de Estado