El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que La Asamblea Nacional controlada por Rosario Murillo y Daniel Ortega profundizó la farsa de la democracia en Nicaragua al volver a modificar la Constitución del país para afianzar su dinastía ilegítima y privar indefinidamente a los nicaragüenses de unas elecciones libres y justas.
Agregan que, Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos ni políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad del hemisferio. Estados Unidos insta a sus socios internacionales a que pongan fin de inmediato a las relaciones comerciales habituales con esta brutal dictadura.
La guerra de Murillo y Ortega contra la democracia amenaza la estabilidad y la prosperidad de nuestro hemisferio. La Administración Trump mantiene su compromiso de identificar y aplicar medidas para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos cometidas por Murillo y Ortega, incluso en foros como la Organización de los Estados Americanos. Apoyamos el derecho de los nicaragüenses a decidir el futuro de su país. Concluyen.
Voceros de la Asamblea Nica, exponen que las reformas constitucionales impulsadas por Daniel Ortega y Rosario Murillo se aprueban para garantizar la estabilidad, la seguridad, la paz y elecciones libres de injerencias extranjeras en ese país.
Las reformas, sometidas a una amplia consulta con todos los sectores del país, con modificaciones a los artículos 12, 47, 122, 123, 130, 132, 142, 143, 150, 152, 155, 164 y 166 de la Constitución Política, contemplan que las leyes extranjeras no tendrán efecto jurídico en Nicaragua.
«Ninguna Ley, reglamento o normativa, emitida por otro Estado, grupo de estados u organismos internacionales que pongan en riesgo la independencia, la soberanía, la autodeterminación nacional, la seguridad y la paz del pueblo y la nación nicaragüense surtirá efecto jurídicos en el territorio nacional”, precisa la adición al artículo 12 de la Carta Magna.
Asimismo precisan que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ocupar cargos públicos los que la dictadura califica como “golpistas” y “traidores a la patria”.
- Asamblea Nacional juramenta a presidenta y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia
Establecen que los cargos de elección popular, así como aquellos cuya designación o ratificación corresponda a la Asamblea Nacional, tendrán una duración de siete años.
Además, disponen que los cargos de comandante en jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua y de jefe de las Fuerzas Policiales también tendrán una duración de siete años.