Estados Unidos está sacando a la luz casos de corrupción en las más altas esferas del sistema judicial ecuatoriano. El Departamento de Estado ha designado públicamente a siete exfuncionarios ecuatorianos por su implicación en corrupción significativa vinculada a organizaciones terroristas extranjeras (FTO) designadas (en inglés) por la Administración Trump el año pasado. Estas medidas hacen que, en general, estas siete personas y sus familiares directos no puedan ingresar a Estados Unidos.
Pablo Ramírez Erazo, exdirector de la Autoridad Penitenciaria de Ecuador; Wilman Terán Carillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador; y Ronaldo Xavier Guerrero Cruz, exjuez penal del Consejo de la Judicatura de Ecuador, abusaron respectivamente de manera significativa de sus antiguos cargos públicos al aceptar sobornos de pandillas vinculadas a organizaciones narcoterroristas. A cambio de estos sobornos, dichos funcionarios interfirieron en procesos judiciales, electorales o públicos en beneficio de pandillas ecuatorianas vinculadas a las organizaciones terroristas extranjeras designadas: el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los “Choneros” y los “Lobos”.
Pablo Bolívar Muentes Alarcón, exmiembro de la Asamblea Nacional de Ecuador; María Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de la Corte Provincial de Guayas; Johann Marfetán Medina, antiguo juez penal de la Corte Provincial de Guayas; y Mayra Carolina Salazar Merchán, antigua responsable de relaciones públicas de la Corte Provincial de Guayas, abusaron respectivamente de sus antiguos cargos públicos al aceptar sobornos a cambio de interferir en procesos judiciales en beneficio de organizaciones narcoterroristas como los “Choneros” y el cartel de Sinaloa, así como de sus facilitadores delictivos.
Las acciones de estos exfuncionarios ecuatorianos constituyeron un caso de corrupción de gran envergadura y tuvieron graves efectos negativos para la seguridad de Estados Unidos, al alimentar el tráfico de drogas y envenenar las comunidades estadounidenses. Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance para proteger a nuestro país e impedir la entrada a los narcoterroristas, a sus facilitadores corruptos y a sus familiares directos. A cualquier funcionario extranjero que abuse de su cargo público de forma corrupta para obtener beneficios económicos personales: Estados Unidos les encontrará y les desenmascarará.
Estas designaciones públicas se realizan conforme a la Ley de Seguridad Nacional y Asignaciones del Departamento de Estado y Programas Relacionados (National Security, Department of State, and Related Programs Appropriations Act) de 2026 (Div. F, P.L. 119-75) (“Sección 7031(c)”). La sección 7031(c) exige al Secretario de Estado que designe de manera pública o privada a los funcionarios extranjeros y a sus familiares directos sobre los que el Secretario tenga información fidedigna de que estén implicados en corrupción significativa o en grave violación de derechos humanos.