- Solo en el 2025, el 85.3% de los casos registrados (576 personas) están vinculados a presunta violación del derecho a la vida e integridad personal. Es decir que 8 de cada 10 personas que estuvieron en riesgo o se vieron obligadas a huir de sus hogares lo hicieron porque su vida corría peligro.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) alertó hoy que el desplazamiento forzado interno mantiene un fuerte impacto en el derecho a la vida y la integridad personal de las víctimas, por lo que recomendó crear e implementar una Política Nacional de Prevención del Desplazamiento Forzado para abordar las causas que generan este fenómeno, priorizando departamentos con mayor violencia.
De acuerdo con datos de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del CONADEH, de las 676 quejas que atendió durante el 2025, el 85.3% (576 personas) están vinculados con acciones que pusieron en riesgo el derecho a la vida y la integridad personal.
De los 576 casos vinculados a la vida e integridad, entre las modalidades violatoria con mayor registro están las amenazas con 270 casos, tentativas de homicidio (70), violencia doméstica (60), asesinato de parientes (60), lesiones (31 ), además, se presentaron casos de violencia sexual, secuestros, reclutamiento de Niñas Niños y Adolescentes y de desaparición forzada.
Según el CONADEH, hay patrones de violencia asociados al control territorial por parte de estructuras criminales, en algunas zonas del país, quienes imponen códigos de convivencia, que, al no ser acatados por la población, son un detonante y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas.
Además, ocasiona el desplazamiento forzado de manera individual o de núcleos familiares, impactando especialmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas LGBTIQ+, personas con discapacidad y pueblos indígenas.
Recordó que el Estado tiene la obligación de respetar, garantizar y proteger la vida y la integridad física, psíquica y moral de toda persona bajo su jurisdicción. Esto implica adoptar medidas legales y fácticas para prevenir violaciones, investigar, sancionar a los responsables y adecuar la legislación interna.
Exigencias del CONADEH
El CONADEH instó al Estado a crear e implementar la Política Nacional de Prevención del Desplazamiento Forzado establecida en la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, para abordar las causas que generan el desplazamiento forzado en el país, priorizando departamentos con mayor violencia.
Además, recomendó implementar planes, programas y acciones a través de los gobiernos municipales y el gobierno central, encaminados a desactivar las amenazas o cualquier hecho violento que pueda producir el desplazamiento de las personas en el país.
La Institución Nacional de Derechos Humanos considera que resulta indispensable, para garantizar el derecho a la vida, asegurar investigaciones independientes, imparciales, prontas, exhaustivas, efectivas y transparentes.
Acciones que deben contribuir a que las víctimas del desplazamiento forzado puedan avanzar progresivamente hacia soluciones duraderas, ya sea mediante el retorno a su lugar de origen, la reintegración al lugar de llegada o el reasentamiento en otra parte del país, en condiciones de voluntariedad y con el pleno goce de los derechos que el resto de la población.
“El desplazamiento forzado provoca ruptura de vínculos familiares y comunitarios, pérdida de medios de vida y limita el acceso a educación, salud, vivienda y empleo”, concluyó el CONADEH.
Entre 2016 y 2025 el CONADEH registró un total de 95,850 quejas a nivel nacional. Del total de quejas recibidas, la UDFI identificó y brindó atención a 10,077 quejas vinculadas a desplazamiento forzado interno y riesgo de desplazamiento, que involucraron a un total de 24,864 personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento forzado.