El Departamento de Estado de los Estados Unidos acoge con beneplácito la decisión de la presidenta interina Delcy Rodríguez y de Venezuela de retirarse de la CPI, así como la colaboración del nuevo Gobierno venezolano con los esfuerzos liderados por Estados Unidos para desmantelar la corrupta e inútil CPI.
La denominada corte lleva “investigando” a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado.
En cambio, la CPI ha malgastado sus recursos en investigar e imputar cargos a personas de países que cuentan con sistemas judiciales competentes e independientes y que nunca se han sometido a la jurisdicción de la corte.
Se trata de una flagrante extralimitación, sesgo político y aplicación selectiva de la ley.
La CPI no es ni creíble, ni independiente, ni legítima.
Gracias al liderazgo del presidente Trump y a los esfuerzos de valientes miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Maduro se enfrenta ahora a la justicia en un tribunal de Estados Unidos por los delitos que ha cometido. Es hora de desmantelar la CPI.
Estados Unidos insta a todos los miembros de la CPI a retirarse del Estatuto de Roma.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recientemente anunció una campaña diplomática para «desmantelar» la Corte Penal Internacional (CPI), estamento central del sistema de justicia mundial, y presionar a los aliados de Washington para que abandonen el organismo, al que acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses.
«La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos», afirmó Rubio. También acusó a la entidad de librar «una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional».
Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma, que creó la CPI, y la Administración de Donald Trump ha sancionado a altos funcionarios de la Corte por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán, y por actuar contra funcionarios israelíes, aliado clave de Washington.