El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) observa con preocupación que la discusión actual sobre la reforma energética ha estado marcada por una confrontación basada principalmente en la posible separación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y en el debate sobre si los cambios propuestos representan o no una privatización del sector.
Sin embargo, la conversación también debería centrarse en la capacidad que deben tener dichas reformas para resolver los problemas estructurales que durante décadas han impedido construir un sistema energético eficiente, sostenible y accesible para la ciudadanía.
La experiencia en Honduras demuestra que las reformas, por sí solas, no han sido suficientes para corregir los inconvenientes de fondo. Desde la Ley Marco del Subsector Eléctrico de 1994, pasando por la Ley General de la Industria Eléctrica de 2014, hasta las reformas impulsadas durante el período 2022-2026, el país ha transitado por distintos modelos sin lograr revertir de manera definitiva las pérdidas y las dificultades que afectan al sistema.
Por esta razón, la discusión no puede limitarse al contenido de una nueva ley. También debe considerar el papel que han desempeñado los poderes políticos, económicos, institucionales e incluso fácticos que históricamente han influido en la implementación de cada modelo. Ninguna reforma será suficiente si evita discutir cómo estos intereses han condicionado el funcionamiento del sector energético y sus resultados.
Asimismo, aunque gran parte del debate se ha concentrado en la estructura de la ENEE y en la preservación de su condición de bien público nacional, el proyecto incorpora otros elementos que también merecen la pena ser analizados. La restauración de mecanismos para la selección de autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, por ejemplo, reabre una discusión indispensable sobre la independencia, la idoneidad y la profesionalización de las instituciones, sin que estas sean permeadas por la discrecionalidad política y la gestión de intereses privados.
De igual forma, resulta necesario incluir en la discusión las dinámicas de corrupción, un componente permanentemente vinculado a la crisis de este sector. Durante más de una década, el CNA ha documentado las pérdidas que el Estado enfrenta como consecuencia de prácticas corruptas que afectan la gestión de la ENEE.
Por ello, el desafío no es solamente si se dividen instituciones, se crean nuevas entidades o se redistribuyen competencias; también consiste en evaluar si las reformas propuestas tienen la capacidad de evitar pérdidas millonarias, ineficiencias operativas, distorsiones en los costos de la energía, concentración de poder económico y barreras de acceso que perjudican a miles de hondureños.
No hay duda de que una reforma es necesaria. Lo que permanece bajo prueba es si existe la voluntad política para ir más allá de un cambio de modelo institucional y enfrentar los intereses públicos y privados que continuamente se han beneficiado de las debilidades del sistema energético, evitando que la reforma se limite a cambios formales sin garantizar que el pueblo hondureño pueda gozar de una energía eléctrica que dignifique sus condiciones de vida.