Una investigación hecha por el Consejo Nacional Anticorrupción revela irregularidades en la aprobación de un préstamo destinado a una empresa bajo custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Conforme al análisis de los hechos, el 17 de diciembre de 2024, el administrador de la empresa incautada solicitó un préstamo puente por L 25 millones; sin embargo, un día después la petición fue sustituida bajo la figura de «apoyo financiero temporal», un mecanismo no contemplado en el reglamento de la institución y utilizado para evadir requisitos obligatorios, como estudios de factibilidad y disponibilidad presupuestaria de fondos propios.
La investigación también refleja que se trasladaron L 17.5 millones desde una empresa administrada por la OABI hacia otra, pese a que dichos recursos no forman parte del patrimonio propio de la institución, requisito indispensable según la normativa vigente.
Además, a pesar de que el financiamiento aprobado ascendía a L 25 millones, se identificó un desembolso adicional de L1 millón, sobre el cual no se encontró evidencia documental de la solicitud o respaldo técnico, elevando el monto total a L 26 millones.
Hasta la fecha, no existe certeza sobre el pago del préstamo, lo que podría exponer al Estado a demandas o indemnizaciones, debido a que el destino final de dichos bienes continua sujeto a una resolución del Juzgado de Privación de Dominio.
La denuncia presentada por el CNA involucra al señor Marco Antonio Zelaya, exdirector de la OABI, por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta y abuso de autoridad. Esta última figura penal también fue atribuida a la señora Andrea Carolina Zavala, exjefa de la Unidad de Administración y Gestión Empresarial.