El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó gran alarma por los presuntos actos de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua y urgió a las autoridades del país a actuar inmediatamente para proteger los derechos de esos colectivos y hacer rendir cuentas a quienes los han quebrantado.
En su evaluación sobre el país centroamericano, publicada este martes, el Comité lamentó que no hubiera representantes nicaragüenses presentes durante el examen y destacó que el país no parece contar con una legislación nacional que prohíba la discriminación racial en los términos de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial ni con disposiciones sobre el tema en el Código Penal.
Según el análisis, pese a los esfuerzos del Estado realizados para la restitución y revitalización de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos originarios y afrodescendientes mediante la Estrategia y Plan de Desarrollo de la Costa Caribe y el Alto Wangki y Bocay, esos pueblos siguen padeciendo discriminación estructural como lo reflejan los índices de pobreza y la precariedad, exclusión y violencia que enfrentan constantemente.
“El Comité reitera su preocupación sobre la falta de protección explícita y reconocimiento legal de los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte. Además, el Comité está seriamente preocupado por los reportes que dan cuenta de una regresión por el Estado parte en la protección y respeto de los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes”.
Para remediar esta situación, instó a Nicaragua a adoptar medidas especiales o de acción afirmativa para eliminar la discriminación estructural que afecta a esas poblaciones.