En el contexto de la medición del crimen organizado, los parámetros en los que se basa este índice se fundamentan en definiciones de crimen organizado, así como actividades y conceptos relacionados.
Sin embargo, el crimen organizado es un concepto muy difícil de definir. Si bien existe una percepción de que el fenómeno está presente en todas partes, el crimen adopta diversas formas, habilitado por distintos actores que fluctúan y se adaptan a diversos entornos.
En 2003 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), el principal instrumento internacional contra el crimen organizado, que obliga a los Estados miembros a considerar la definición de crimen organizado.
Sin embargo, al no poder llegar a un consenso, la UNTOC en realidad no proporciona una definición, sino que ofrece claridad sobre dos constantes dentro del amplio contexto del crimen organizado.
Los términos «grupo del crimen organizado» y «delito grave», descritos en la convención, ofrecen las condiciones básicas para que una actividad se considere como crimen organizado y la flexibilidad para abordar la mayor variedad posible de preocupaciones.
Por ejemplo, un grupo del crimen organizado puede referirse a una amplia gama de asociaciones criminales, desde estructuras jerárquicas hasta redes vagamente conectadas. Asimismo, el enfoque de la convención en el término «delito grave» garantiza que se mantenga una distinción entre la criminalidad de bajo nivel y la actividad criminal organizada.
Además, la convención se refiere específicamente a las actividades con fines de lucro, lo que permite políticas y respuestas para distinguir el crimen organizado de las acciones con motivaciones exclusivamentepolíticas, como el terrorismo.
Hoy en día, el consenso entre los Estados miembros de la Convención consiste cada vez más en abstenerse de debates de definición en torno al término «crimen organizado» y aceptar que es flexible, que se refiere a un amplio espectro de actividades y circunstancias en constante cambio, y que
hay muchas formas de entender y conceptualizar la denominación «crimen organizado». Sin embargo, para que un índice ofrezca información y valor verdaderos, es esencial que proporcione alguna forma de definición.
Si bien se basa (aunque no exclusivamente) en instrumentos internacionales para definir varios mercados
criminales, el Índice considera tanto los crímenes organizados transnacionales
como las actividades del crimen organizado que ocurren dentro de fronteras estatales.
Según los resultados del índice, los países con niveles más elevados de criminalidad corresponden a aquellos que atraviesan conflictos y situaciones de fragilidad.
El ‘Top 10’: República Democrática del Congo con 7,75 puntos, Colombia con 7,66 puntos, Birmania con 7,59 puntos, México con 7,56 puntos, Nigeria con 7,15 puntos, Irán con 7,10 puntos, Afganistán con 7,08 puntos, Irak con 7,05 puntos, República Centroafricana con 7,04 puntos y Honduras con 6,98 puntos.
La Presidenta de la República, Xiomara Castro, en el lanzamiento de las mesas de seguridad ciudadana y en ese marco del modelo nacional de servicio de Policía Comunitaria dijo que con el programa dirigido por la Policía Nacional se formará una cultura de paz y de participación ciudadana en nuestro país; con acciones de carácter preventivo estableciendo esos vínculos de confianza y proximidad entre la policía y la comunidad marginada.
La presidenta resaltó que, las mesas de seguridad son parte de una misión de su Plan de Gobierno y como tal serán esenciales para la creación y puesta en marcha de la Policía Comunitaria que combatirá la delincuencia organizada.
Por otro lado el Ministro de Seguridad Ramón Sabillón en un breve discurso dijo que la iniciativa “viene a transformar e innovar el modelo de seguridad anquilosado que ya nos habíamos trazado y que no estaba funcionando, hemos surcado, nos hemos atrevido a cambiar a innovar a transformar a involucionar y a revolucionar la seguridad ciudadana”.
“Bajo este modelo de seguridad democrática hay un eslabón que nunca había sido tomado en cuenta y es la voz del pueblo la participación activa del pueblo la necesitamos y hemos demostrado que unidos somos capaces de vencer cualquier desafío que se nos presente”, dijo Sabillón al referirse al programa de mesas de seguridad ciudadana y Policía Nacional Comunitaria para combatir el crimen.
El titular de la Secretaría de Seguridad se comprometió a combatir el crimen con el nuevo esquema y dijo, «la participación ciudadana es esencial en esta nueva lucha lo haremos, podemos vencer y Dios nos dará la fortaleza para hacerlo, señora presidenta le acompañaremos hombro hombro sacándole horas para cumplir la agenda del día para cumplir su meta lo haremos juntos”.
El nuevo esquema de seguridad ciudadana apunta a que la policía tiene que estar en primera línea para prevenir y controlar el crimen. Son ellos quienes mejor conocen las comunidades, sus desafíos, su gente.
La creación de policías, en los diferentes niveles que pueda plantear un gobierno, han resultado en descoordinación en la labor policial, por múltiples intereses y en una gran disparidad en recursos y capacidades.
Se desconoce si en el plan de gobierno está el retiro de los militares de las misiones de seguridad ciudadana, aunque en las actuales circunstancias de violencia en el país, si las nuevas autoridades actuales encierran en los cuarteles a los uniformados se darán un lujo a un costo no calculado.