Por Damian Merlo
El 30 de noviembre de 2025, el pueblo hondureño lanzó un grito ensordecedor de rechazo a cuatro años de desastrosa gobernanza. Con una participación masiva, más del 80% de los votos se inclinaron en contra de la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), la formación política controlada por el expresidente Manuel Zelaya y su esposa, la actual mandataria Xiomara Castro. Este veredicto no fue un mero capricho electoral, sino una repulsa visceral a un régimen que ha sumido a Honduras en el caos económico, la erosión institucional y la dependencia ideológica de regímenes autoritarios como el de Nicolás Maduro en Venezuela. Zelaya, el titiritero detrás del telón, ha convertido el país en un experimento fallido de socialismo del siglo XXI, y el electorado lo ha sentenciado al ostracismo.
Xiomara Castro asumió la presidencia en 2022 con promesas de cambio y justicia social, pero en realidad ha sido un mero peón en las manos de Zelaya, un hombre obsesionado con el poder que ya fue derrocado en 2009 por su afán de perpetuarse. La economía, que podría haber florecido con estabilidad, se ha estancado en un pantano de corrupción e ineficiencia. El PIB per cápita ha caído en términos reales, la inflación ha galopado por encima del 10% anual, y la pobreza extrema afecta a más del 60% de la población, según datos del Banco Mundial. Inversiones extranjeras, vitales para un país dependiente de remesas y exportaciones, se han evaporado ante la incertidumbre jurídica. Empresas multinacionales han huido, dejando tras de sí miles de empleos perdidos.
Frente a esta debacle, el rechazo electoral del 30 de noviembre fue un bálsamo de esperanza. La candidata de Libre, vista como la heredera directa del dúo Castro-Zelaya, fue aplastada en las urnas. Sin embargo, en un patrón predecible de estos regímenes, el saliente gobierno ya intenta sembrar dudas sobre el proceso. Alegan irregularidades en la transmisión de resultados, un problema técnico menor que no afectó en absoluto el ejercicio del voto en las mesas electorales. Observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea han sido categóricos: el sufragio fue libre, transparente y representativo. No hubo fraude masivo, solo el pánico de un régimen acorralado que recurre a conspiraciones para aferrarse al poder. Crear problemas donde no los hay es el último recurso de los autoritarios, pero en Honduras, el pueblo ya ha hablado.
Es imperativo que este gobierno, que muchos llaman el «Maduro tropical», comience a empacar sus maletas. La Constitución hondureña es clara: la transición debe ocurrir a finales de enero de 2026, sin dilaciones ni pretextos. Ninguno de los dos principales contendientes en la reñida contienda por la presidencia —el liberal Salvador Nasralla y el nacionalista Nasry Asfura— ha expresado el menor interés en anular las elecciones. Al contrario, ambos, pese a sus diferencias ideológicas, comparten un objetivo noblemente común: liberar a Honduras de la tenaza socialista que, desde Caracas, ha dictado políticas fallidas. Nasralla, con su carisma combativo, y Asfura, con su pragmatismo probado en la alcaldía de Tegucigalpa, representan un frente unido contra la degradación. Con Asfura ostentando una leve ventaja en los conteos preliminares, el futuro parece inclinarse hacia un liderazgo que priorice la reconciliación y el crecimiento.
Tomemos ejemplos concretados que ilustran esta catástrofe. La mina de hierro de Los Pinares, una inversión multimillonaria que prometía miles de empleos en el occidente del país, fue construida con todos los permisos ambientales y legales, solo para ser paralizada por decretos presidenciales caprichosos. Activistas financiados desde el exterior, con el guiño del gobierno, bloquearon su operación, dejando maquinaria oxidándose bajo el sol y comunidades sin los beneficios prometidos. Similarmente, el Aeropuerto Internacional de Palmerola —un proyecto emblemático financiado con apoyo estadounidense— ha sido objeto de amenazas directas. El régimen ha insinuado entregarle las operaciones a empresas chinas, un movimiento inédito y provocador, dado que la pista se comparte con la base aérea de Soto Cano, bajo control conjunto de Honduras y Estados Unidos. Esto no solo violaría acuerdos bilaterales, sino que pondría en jaque la seguridad regional.
Afortunadamente, el gobierno del presidente Donald Trump no toleraría tal insolencia. Trump ha sido inequívoco en su respaldo a Nasry Asfura, a quien califica como el «mejor socio para Estados Unidos y el líder idóneo para rescatar a Honduras de cuatro años de corrupción rampante, ineficacia y desastre».
El apoyo de Trump no es casualidad. Asfura, con su historial de gestión eficiente y alianzas con el sector privado, encarna la estabilidad que Washington anhela en Centroamérica para combatir la migración irregular y el narcotráfico.
La OEA y la UE ya han avalado las elecciones; ahora, es hora de presionar por una transición pacífica y condicionar cualquier ayuda futura a la disolución de redes corruptas.
La catástrofe Zelaya no es solo un capítulo trágico en la historia hondureña, sino una advertencia para América Latina. El pueblo ha votado por la libertad, por un futuro sin tutelas venezolanas ni experimentos ideológicos fallidos. Honduras, esa joya centroamericana golpeada pero no doblegada, merece renacer. Que el mundo no mire de reojo; que actúe con la contundencia que el 30 de noviembre demandó. Solo así, el legado de Zelaya será lo que debe ser: un recuerdo amargo, no una sombra eterna.