Tomado de la Red Social X de Oscar Estrada, periodista, escritor y analista nacional…/
Las recientes declaraciones del general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, en las que admite haber “escudriñado” la vida de periodistas basándose en comentarios informales de colegas, son profundamente alarmantes.
Este tipo de prácticas no solo transgrede los principios fundamentales del periodismo y la libertad de expresión, sino que también recuerda a métodos de vigilancia propios de regímenes autoritarios.
La vigilancia informal y sin respaldo legal de la vida privada de periodistas representa una amenaza directa al ejercicio libre del periodismo y al derecho de la ciudadanía a estar informada.
La situación se agrava al considerar que estas acciones se enmarcan en una serie de medidas intimidatorias emprendidas por el general Hernández contra al menos 12 medios de comunicación hondureños, a quienes ha amenazado con demandas legales con el objetivo de forzarlos a revelar sus fuentes de información.
Esta campaña ha sido ampliamente condenada por organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quienes han señalado estas acciones como intentos de intimidación y violaciones a la libertad de expresión.
Además, el general Hernández ha sido criticado por su involucramiento en asuntos políticos, como su respaldo a la controvertida Ley de Justicia Tributaria y su participación en eventos partidarios, lo que contraviene el mandato constitucional de las Fuerzas Armadas de ser una institución apolítica y no deliberante. Estas acciones generan preocupación sobre la politización de las Fuerzas Armadas y su impacto en la democracia hondureña.
En un contexto regional donde la libertad de prensa y los derechos humanos enfrentan constantes desafíos, es imperativo que las autoridades hondureñas garanticen el respeto a estos principios fundamentales.
La vigilancia y persecución de periodistas no solo socavan la democracia, sino que también envían un mensaje preocupante sobre el rumbo que podría tomar el país si no se toman medidas correctivas.
Es responsabilidad de todos los actores institucionales y de la sociedad civil alzar la voz y exigir que se respeten los derechos fundamentales, se garantice la libertad de prensa y se detenga cualquier intento de intimidación o censura. Solo así se podrá asegurar un futuro democrático y justo para Honduras.