- La medida adoptada por el gobierno, en diciembre del 2022, era para reducir los niveles de extorsión, sin embargo, lo que evidenció fue mucho abuso de autoridad.
Supuestos actos de torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales son parte de las 1,071 quejas atendidas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, desde la vigencia el estado de excepción el 6 diciembre del 2022 y octubre del 2025.
Durante este periodo, la Institución Nacional de Derechos Humanos atendió las 1,071 quejas, contra los agentes del orden, en los 18 departamentos del país, debido múltiples allanamientos de morada, daños a la propiedad privada, tortura, malos tratos, perdida de objetos personales, uso desproporcionado de la fuerza, infracciones a la integridad personal e implantación de medios probatorios, entre otros.
En el marco del estado de excepción, el CONADEH atendió el 68% de las quejas en 7 departamentos del país, 194 en Francisco Morazán, 119 en Choluteca, 95 en Cortés, 85 en El Paraíso, 79 en Atlántida, 78 en Yoro y 73 en Valle.
Entre los denunciados figuran miembros de la Policía Nacional, de la Dirección Policial Anti-maras y Pandillas contra el Crimen Organizado, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Policía Nacional Preventiva y la Policía Militar del Orden Público.
Las mujeres, la niñez y adolescencia, personas con discapacidad, adultos mayores, personas de la diversidad sexual, personas indígenas y afro-hondureños, figuran entre los grupos poblacionales que más quejas presentaron, ante el CONADEH, contra agentes de los cuerpos de seguridad del Estado.
Daniel Cáceres, Director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del CONADEH, declaró que están trabajando en la verificación de los casos de tortura, desaparición y ejecución extrajudicial de personas que se habrían cometido durante el estado de excepción.
La reducción de homicidios no es un indicador suficiente para proclamar el éxito del estado de excepción
Explicó que los delitos vinculados al crimen organizado no se limitan únicamente a la privación arbitraria de la vida, sino que incluyen otros fenómenos como la extorsión, el tráfico ilícito de drogas, el secuestro, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por estructuras criminales, la trata de personas, el tráfico de migrantes y de armas, entre otros.
Además, la detención de personas por parte de los agentes policiales, tampoco constituye por sí sola un indicador de éxito, pues resulta indispensable conocer cuántas de esas detenciones han derivado en sentencias condenatorias por actividades ilícitas propias del crimen organizado.
Medida era para reducir niveles de extorsión
Cáceres señaló que la medida adoptada por el gobierno, en diciembre del 2022, era para reducir los niveles de extorsión, sin embargo, lo que evidenció fue mucho abuso de autoridad
Cuestionó que el gobierno nunca presentó evidencia científica que las acciones que se estaban realizando eran adecuadas y únicamente para reducir los homicidios.
Sobre la inclusión de San Pedro Sula y Tegucigalpa entre las primeras posiciones del ranking mundial de ciudades más peligrosasque refleja, según el informe de Global Statistics, el persistente peso de la violencia estructural y la acción de grupos criminales que desbordan los esfuerzos institucionales en Honduras.
Cáceres indicó que es una referencia que deben tener los gobiernos al momento de la toma de decisiones ya que los indicadores internacionales tienen una metodología de verificación de la información.
En torno al anuncio hecho por el nuevo gobierno que ya no se continuará con esta medida de seguridad, Cáceres dijo que el CONADEH tomó nota de las expresiones del presidente de la Republica electo, en sentido de no prorrogar el estado de excepción.
El CONADEH extiende sus buenos oficios para crear conjuntamente una política de seguridad ciudadana que hemos pedido desde hace mucho tiempo, concluyó Cáceres.