El avance de concesiones para la extracción de petróleo en el Caribe hondureño, mantiene en incertidumbre a pueblos originarios y pescadores artesanales, ante los posibles impactos sobre su vida y territorio.
Oilwatch, organización internacional que combate los riesgos de la industria de los combustibles fósiles, advierte que la exploración petrolera en Honduras amenaza la pesca artesanal de miles de familias que viven en 25 municipios del Caribe hondureño, compromete la integridad del Sistema Arrecifal Mesoamericano y pone en riesgo la identidad cultural de los pueblos Miskito, Pech, Tawahka y Garífuna.
El contrato petrolero firmado en 2013 por Honduras para explorar la zona marítima de La Mosquitia sigue vigente bajo reserva. Aunque empresas como CaribX y High Power Petroleum han solicitado avanzar a una segunda fase, la Secretaría de Energía aún no se pronuncia públicamente sobre este requerimiento.
Sin embargo, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) anunció la ampliación de la zona de pesca artesanal hasta las 12 millas náuticas en el litoral atlántico, excluyendo el área miskita comprendida entre la Bahía de Trujillo y Cabo de Gracias a Dios, que son las zonas en las que Honduras está valorando la viabilidad de explotación petrolera.
Asimismo, los planes de manejo de áreas protegidas, como el del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía, han omitido medidas específicas frente a posibles derrames de hidrocarburos, omisión que las organizaciones Gran Caribe Libre de Fósiles y Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE) tildan de un riesgo para el turismo, la pesca artesanal y la biodiversidad.
Representantes de estas organizaciones recuerdan que “las promesas de desarrollo contrastan con las ofrecidas en otros países latinoamericanos, donde los beneficios económicos del petróleo terminan concentrados en élites y compañías extranjeras, mientras las comunidades locales asumen los costos sociales y ambientales”.
En el país, los pueblos indígenas y costeros también han expresado su rechazo a esta industria extractiva que amenaza sus medios de vida y su derecho a existir en territorios históricamente vinculados al mar.
“La falta de transparencia y de participación de los pueblos originarios en un proyecto con impactos tan profundos, evidencia que siguen sin considerarse sus necesidades de desarrollo. Sin información pública ni consulta seria, el petróleo es una amenaza tangible a vidas, culturas y ecosistemas”, declararon los representantes del comité central de Oilwatch.
Finalmente, las organizaciones subrayan que “no existe pozo sin derrame”, por lo que exigen al gobierno transparentar los contratos, garantizar información pública accesible y realizar consultas libres, previas e informadas con los 25 municipios de la zona de influencia de dicho proyecto.