Diputado Luis Redondo sin fundamento legal aprobó casi 315 millones de lempiras en subvenciones, subsidios y ayudas sociales mediante prácticas tradicionales que antes eran consideradas opacas y corruptas
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) tiene como finalidad prevenir y combatir la corrupción
en el país, con base en ello, a través de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos
(UIASC) en el marco de sus funciones, presenta ante las instituciones correspondientes el acervo probatorio que demuestra contundentemente los actos de corrupción, en los cuales están comprome tidos los fondos provenientes del Estado.
El poder desmesurado ejercido por parte de algunos funcionarios y empleados públicos, en muchos casos les genera la percepción de creer estar por encima de la ley, y les permite continuar desarrollando prácticas tradicionales que antes eran consideradas opacas y corruptas desde su propia perspectiva, lo cual, solo promueve el debilitamiento del estado de derecho y evita el correcto y buen funcionamiento de la administración pública.
Desde el Congreso Nacional de la República de manera continuada se ha llevado a cabo la aprobación y ejecución de subvenciones, subsidios y ayudas sociales sin que exista una ley que regule el procedimiento para erogar fondos mediante la aplicación de dichas figuras y menos autorizando directamente a parlamentarios para la administración de patrimonio público, además, describe como la información relacionada con los montos otorgados de manera individual a cada congresista que la recibe, la ejecución y la liquidación de los fondos bajo este concepto no son publicados en el portal de transparencia y acceso a la información pública, generando duda e incertidumbre en la población hondureña sobre cómo es administrado el erario de la nación.
Así mismo, se expone cómo las subvenciones, los subsidios y los fondos de ayuda social otorgados
por el Poder Legislativo desnaturaliza y socava las atribuciones constitucionales de los congresistas, conllevando a que los funcionarios de dicho poder del Estado ejecuten fondos sin seguir la normativa vigente, denotando una extralimitación por parte de los congresistas.
En primera instancia, se realizó una búsqueda de las liquidaciones de las «subvenciones, subsidios y ayudas sociales» en el portal de transparencia del Congreso Nacional, no obstante, solo se encontraron los documentos que contienen los fondos de «subvenciones, subsidios y ayudas sociales» como “ayuda social” el cual solo contiene el total de lo otorgado, más no el detalle que especifique a que diputados se les han brindado las subvenciones, subsidios y/o ayudas sociales, ni mucho menos la ejecución y la liquidación de dichos fondos.
Se cuantifica la cantidad de fondos erogados bajo el concepto de subvenciones, subsidios y ayudas sociales desde agosto del año 2023 hasta agosto del año 2024. Dichos montos ascienden a trescientos catorce millones quinientos treinta y ocho mil setecientos ocho lempiras con ochenta y ocho centavos (L 314,538,708.88).
Por lo tanto, existe responsabilidad para el presidente del Congreso Nacional por la aprobación y
erogación de fondos en concepto de subvenciones, subsidios y ayudas sociales a los congresistas
sin que exista la fundamentación legal para realizar dicha acción. De igual manera, la omisión
voluntaria de los diputados para responder a las solicitudes del CNA conlleva responsabilidad por
incumplir su deber legal de atender las convocatorias de este Consejo y brindar la información.
Por el accionar del presidente del Congreso Nacional, de aprobar y otorgar fondos en concepto de subvenciones, subsidios y ayudas sociales a Congresistas sin que exista una Ley que establezca el procedimiento, tal como lo solicita la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se ha excedido en el ejercicio de sus atribuciones al infringir dichas normativas.