La Administración Trump está tomando medidas una vez más para responsabilizar a los dictadores nicaragüenses Rosario María Murillo Zambrana y Daniel Ortega Saavedra y a sus agentes.
Estados Unidos ha impuesto sanciones a cinco altos funcionarios nicaragüenses que incitaron la inestabilidad regional a través de la consolidación del poder de la dictadura y abusos continuos contra el pueblo nicaragüense.
Desde 2018, la dictadura Murillo-Ortega ha reprimido violentamente las protestas pacíficas y ha detenido injustamente, torturado y matado a opositores políticos.
Esta dinastía familiar ilegítima también ha perseguido al clero católico y ha optado por silenciar y desaparecer a los medios de comunicación independientes y a las organizaciones de la sociedad civil.
La dictadura reescribió la Constitución de Nicaragua para asegurar que las instituciones gubernamentales castiguen a los opositores políticos y permitan la vigilancia y control arbitrario de los sistemas de telecomunicaciones.
La dictadura ha cometido abusos laborales sistémicos y utiliza estructuras de seguridad para vigilar y silenciar a cualquiera que se perciba como una amenaza a su control del poder. Los individuos sancionados hoy son líderes de agencias gubernamentales responsables de estos actos de represión.
Esta Administración continuará utilizando todos los mecanismos diplomáticos y económicos disponibles para hacer frente a aquellos que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos en nuestro hemisferio.
Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua.