Los narcotraficantes siguen utilizando Honduras como punto de tránsito para la cocaína y otros narcóticos con destino a Estados Unidos y Europa, lo que alimenta las disputas territoriales en algunas zonas e inyecta fondos ilícitos en los procesos judiciales para distorsionar la justicia.
Responsables de la toma de decisiones en el gobierno y algunos otros, incluyendo miembros del gobernante Partido LIBRE, han expresado una actitud más hostil hacia el sector privado en general.
La incertidumbre sobre la estabilidad jurídica derivada del fallo de la Corte Suprema de Justicia contra la ley de la zona económica especial “ZEDE”. La incertidumbre política previa a las elecciones generales de noviembre de 2025 en Honduras también ha ralentizado la toma de decisiones de los inversores.
Los inversionistas informan que la decisión del gobierno de declarar inconstitucionales las zonas económicas especiales «ZEDE» del país el 20 de septiembre de 2024 ha contribuido a la incertidumbre en el compromiso del gobierno con la protección de las inversiones.
Honduras mantiene varias ventajas competitivas que la harían atractiva para una mayor inversión privada nacional e internacional:
Sólidos requisitos comerciales y de inversión en el marco del CAFTA-DR,
Una ubicación estratégica junto a los mercados estadounidenses con un puerto de aguas profundas, Una rica dotación de recursos naturales, Una posición macroeconómica relativamente sólida, respaldada por la confianza de los inversionistas en bonos soberanos y el continuo progreso del programa del país con el FMI, y Una población trabajadora, incluyendo un importante grupo de mano de obra calificada.
Muchos emprendedores y dueños de negocios, incluyendo más de 200 empresas estadounidenses, operan en Honduras. Algunos sectores, como la industria automotriz, han considerado que Honduras posee una ventaja comparativa regional y decidieron expandir sus operaciones en el país en 2024.
Algunos altos cargos del gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro comprenden y apoyan el papel de la inversión privada en la creación de empleo y el crecimiento económico en Honduras. Sin embargo, otros responsables de la toma de decisiones en el gobierno y algunos otros, incluyendo miembros del gobernante Partido LIBRE, han expresado una actitud más hostil hacia el sector privado en general. Estas actitudes contradictorias socavan los esfuerzos del gobierno por superar los constantes desafíos que enfrenta Honduras para crear un clima propicio para la inversión estadounidense y extranjera. Estos desafíos persistentes incluyen:
Desequilibrios macroeconómicos que obligan a tomar difíciles decisiones políticas, corrupción, aplicación y cumplimiento imprecisos de impuestos, continuas disputas por la tierra, electricidad poco fiable y costosa, altos índices de delincuencia, bajos niveles de educación e infraestructura deficiente. Los inversionistas informan que la gran incertidumbre sobre las políticas gubernamentales ha generado reticencia a expandir nuevas operaciones en Honduras. Los problemas que impulsan esta incertidumbre incluyen:
los posibles efectos de un proyecto de ley para modificar la estructura de exoneración fiscal de Honduras;
la continua dificultad de las empresas para acceder y repatriar dólares estadounidenses provenientes de la subasta de divisas del Banco Central;
la retirada de Honduras del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio del CIADI);
las dificultades en los procesos regulatorios de organismos gubernamentales como el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente; y
la incertidumbre sobre la estabilidad jurídica derivada del fallo de la Corte Suprema de Justicia contra la ley de la zona económica especial “ZEDE”.
La incertidumbre política previa a las elecciones generales de noviembre de 2025 en Honduras también ha ralentizado la toma de decisiones de los inversores.
Honduras está generalmente abierta a la inversión extranjera, y el gobierno de Castro ha declarado públicamente que reconoce la importancia de la inversión extranjera para generar nuevas oportunidades, empleo e impulsar el crecimiento económico. El marco legal para la inversión incluye:
La Constitución hondureña,
La Ley de Promoción y Protección de Inversiones de 2011, y
el capítulo sobre inversión del CAFTA-DR.
La Constitución hondureña establece que los tratados se consideran automáticamente derecho interno y, en caso de conflicto entre un tratado y una ley vigente, el tratado prevalece sobre la ley. La Constitución hondureña exige que toda inversión extranjera complemente, pero no sustituya, la inversión nacional. La Ley de 2011 garantiza el trato nacional y el trato de nación más favorecida para las inversiones estadounidenses en la mayoría de los sectores de la economía hondureña e incluye mayores beneficios en materia de seguros y arbitraje para inversionistas nacionales y extranjeros.
El Consejo Nacional de Inversiones (CNI), el Ministerio de Promoción de Inversiones, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Planificación Estratégica tienen interés en atraer inversión extranjera y un ambicioso mandato de creación de empleo. Sin embargo, ninguna de estas agencias cuenta con amplias facultades para acelerar proyectos de inversión extranjera, lo que significa que las empresas a menudo reportan tener que lidiar con diversos ministerios gubernamentales con mandatos superpuestos y una coordinación interinstitucional clara. Los críticos se quejan de que la falta de claridad y la superposición de responsabilidades entre estas entidades socavan la capacidad del gobierno para promover eficazmente a Honduras como un destino rentable para el capital extranjero. Representantes del gobierno hondureño han expresado su deseo de consolidar las actividades de promoción de inversiones dentro de un solo ministerio o de desarrollar una entidad autónoma independiente, compuesta por representantes tanto del gobierno como del sector privado, para promover la inversión en el país. Cualquier reforma requerirá la aprobación del Congreso hondureño, lo cual es improbable a corto plazo. El Gobierno de Honduras no ha establecido una política estratégica de inversión con objetivos de IED, lo cual, según la industria, socava los esfuerzos para atraer nuevas inversiones.
En 2024, las autoridades hondureñas y el personal técnico del FMI alcanzaron un acuerdo a nivel de personal técnico sobre un conjunto de políticas y reformas integrales necesarias para completar la primera y la segunda revisión de los acuerdos de Honduras con el FMI en el marco del Servicio de Crédito Ampliado y el Servicio Ampliado del Fondo. El FMI evaluó que las autoridades hondureñas habían logrado avances "importantes" en materia de política fiscal, inversión pública y políticas monetarias y cambiarias. Honduras emitió con éxito un bono soberano a 10 años por 700 millones de dólares en noviembre de 2024, y los inversionistas en bonos soberanos informan que los fundamentos macroeconómicos de Honduras son relativamente favorables. Al mismo tiempo, algunos altos funcionarios del gobierno de Castro han realizado declaraciones públicas negativas hacia el sector privado y, como resultado, la comunidad empresarial informa que esta retórica pública ha aumentado la incertidumbre macroeconómica, socavando aún más el clima de inversión.
Muchos representantes de la comunidad internacional de inversionistas citan algunos ejemplos de políticas que han restado atractivo al clima de inversión en Honduras, incluyendo la derogación de la ley de empleo por hora en abril de 2022, bajo la cual todos los empleados hondureños deben ser asalariados, eliminando prácticas de contratación flexibles vitales para el trabajo estacional; una ley de energía de mayo de 2022, que contiene disposiciones que los productores de energía entienden que autorizan la expropiación de inversiones energéticas si el gobierno no puede renegociar los acuerdos de compra de energía; y la retirada del gobierno del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Convenio del CIADI) el 25 de agosto de 2024. Los inversionistas informan que la decisión del gobierno de declarar inconstitucionales las zonas económicas especiales "ZEDE" del país el 20 de septiembre de 2024 ha contribuido a la incertidumbre en el compromiso del gobierno con la protección de las inversiones.
La Ley de Inversiones de Honduras no limita la propiedad extranjera de empresas, excepto aquellas específicamente reservadas para inversionistas hondureños, incluyendo pequeñas empresas con capital inferior a $6,300 y el sector del transporte aéreo nacional. Para todas las inversiones, al menos el 90% de la fuerza laboral de una empresa debe ser hondureña, y las empresas deben pagar al menos el 85% de sus nóminas a hondureños. Se requiere la participación mayoritaria de ciudadanos hondureños para las empresas del sector pesquero comercial, forestal, transporte local, radio, televisión o que se beneficien de la Ley de Reforma Agraria. No existe un proceso de selección ni aprobación específico para la inversión extranjera directa en Honduras. Los inversionistas extranjeros están sujetos a los mismos requisitos de aprobación ambiental y regulatoria que los inversionistas nacionales.
Según la ley, los inversionistas pueden establecer, adquirir y enajenar empresas a precios de mercado en condiciones libremente negociadas sin intervención gubernamental. Sin embargo, algunos operadores comerciales extranjeros reportan dificultades para cerrar negocios. Las empresas privadas generalmente compiten de manera justa con las empresas públicas en acceso al mercado, crédito y otras operaciones comerciales. Los inversionistas extranjeros tienen derecho a la propiedad, sujeto a ciertas restricciones establecidas por la Constitución hondureña y diversas leyes relacionadas con los derechos de propiedad. Los inversionistas pueden adquirir, obtener beneficios, usar y enajenar propiedades, con excepción de terrenos dentro de un radio de 40 kilómetros (aproximadamente 25 millas) de las fronteras y costas internacionales. Sin embargo, la ley hondureña permite a los extranjeros comprar propiedades cerca de las costas en "zonas turísticas" designadas.
Actualmente, el gobierno no cuenta con un proceso para evaluar la inversión extranjera directa entrante. Tampoco existe un proceso formal para que el gobierno identifique proyectos estratégicos que requieran una revisión adicional antes de aprobar la inversión extranjera.
Régimen Legal
Transparencia del Sistema Regulatorio
El Gobierno de Honduras ha avanzado en el desarrollo de ventanillas únicas digitales para consolidar el proceso de solicitud y aprobación, por ejemplo, para el registro de empresas en una zona franca. Según se informa, estas medidas han permitido una mayor transparencia en el sistema regulatorio. Sin embargo, tanto las empresas estadounidenses como las hondureñas manifiestan preocupación por la transparencia de las políticas y la eficacia de las leyes para fomentar la competencia en el mercado. Esta falta de claridad se debe supuestamente a la excesiva complejidad y, en ocasiones, a la superposición de facultades otorgadas a múltiples entidades del Gobierno de Honduras para aprobar permisos a inversionistas extranjeros. Los problemas persistentes relacionados con la corrupción también obstaculizan la transparencia de las oportunidades de inversión, según los inversionistas. Honduras carece de un código legal indexado, por lo que abogados y jueces deben mantener sus propias bibliotecas de publicaciones jurídicas. Si bien la mayoría de las regulaciones son a nivel nacional, también existen regulaciones a nivel municipal. Estas entidades varían considerablemente en cuanto a su respuesta a las inversiones extranjeras y sus requisitos para la concesión de permisos.
Sistema Legal e Independencia Judicial
Honduras cuenta con un sistema de derecho civil. El Código de Comercio, promulgado en 1950, regula las operaciones comerciales y está bajo la jurisdicción del sistema judicial civil hondureño. El Código de Procedimiento Civil, que entró en vigor en 2010, introdujo el uso de argumentos orales abiertos para los procedimientos contradictorios. El Código de Procedimiento Civil protege las transacciones comerciales, los derechos de propiedad y la tenencia de la tierra. También estableció un proceso para la ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros.
El derecho comercial y el derecho contractual se regulan mediante el Código de Comercio de 1950 y el Código Civil de 1909. Existen tribunales civiles donde se juzgan los casos comerciales. También existen cámaras de arbitraje donde se pueden resolver cuestiones relacionadas con contratos con cláusulas arbitrales.
Existen frecuentes denuncias de corrupción en el poder judicial, tanto en tribunales locales como en casos ante la Corte Suprema. El Presidente de la Corte Suprema tiene vínculos familiares con el Presidente de Honduras, y comentaristas y ONG han señalado que dichos vínculos plantean dudas sobre la independencia del tribunal. Empresas estadounidenses denuncian favoritismo, presión externa y solicitud de sobornos dentro del sistema judicial. Resolver una disputa comercial o de inversión en los tribunales locales hondureños suele ser un proceso largo. Los inversionistas extranjeros informan que la resolución de disputas suele implicar múltiples apelaciones y decisiones en diferentes niveles del sistema judicial hondureño. Cada decisión puede tardar meses o años, y las partes no suelen poder predecir el tiempo necesario para obtener una decisión. Recientemente se ha introducido un sistema electrónico de gestión de casos con el apoyo del gobierno estadounidense para aumentar la transparencia y reducir la corrupción.
Este sistema se está implementando gradualmente en los diferentes tribunales. Las decisiones finales de los tribunales hondureños o de los tribunales de arbitraje suelen requerir la ejecución posterior de tribunales inferiores para surtir efecto, lo que requiere más tiempo. Los inversionistas extranjeros a veces prefieren resolver sus disputas con proveedores, clientes o socios extrajudicialmente, siempre que sea posible. Los inversionistas reportan un mecanismo de resolución alternativa de disputas de alta calidad. El Decreto Legislativo (N.° 51-2011), Ley de Promoción y Protección de las Inversiones, promueve la resolución de disputas entre inversionistas mediante la mediación, la conciliación y el arbitraje antes de recurrir al sistema judicial.
Expropiación e Indemnización
El gobierno hondureño tiene la facultad de expropiar propiedades con fines de reforma agraria o de uso público. La Ley Nacional de Reforma Agraria establece que las tierras ociosas aptas para la agricultura pueden ser expropiadas y adjudicadas a personas indigentes y sin tierra a través del Instituto Nacional Agrario de Honduras. En 2013, el gobierno hondureño aprobó una ley sobre la recuperación y reasignación de concesiones de activos subutilizados. Tanto empresas locales como extranjeras han expresado su preocupación por la falta de precisión en la ley sobre qué se considera "subutilizado". El gobierno no ha publicado su reglamento de aplicación ni ha indicado planes para aplicarla contra ninguna empresa del sector privado.
La ley de energía de mayo de 2022 contiene disposiciones (artículos 4 al 6) que autorizan al Gobierno de Honduras a rescindir contratos o adquirir plantas de energía por un “precio justo” indefinido, ya sea cuando el Gobierno de Honduras y el propietario de la planta de energía no puedan llegar a un acuerdo sobre un Acuerdo de Compra de Energía renegociado en ciertos sectores o cuando el Gobierno de Honduras determine, entre otros factores, que hacerlo será de interés público “por razones de seguridad nacional”.
En mayo de 2024, el Gobierno de Honduras inició una intervención temporal, aunque continua, en virtud de la Ley de Energía de 2022 de Bonaca Electric Company (BELCO), empresa privada hondureña de generación de energía, tomando el control de sus operaciones para reducir los precios de la energía y mejorar el servicio al cliente. Expertos legales y productores de energía hondureños temen que, si esta intervención temporal se vuelve permanente, el Gobierno de Honduras podría utilizar la Ley de Energía de 2022 como una amplia autoridad para expropiar centrales eléctricas privadas. La revisión de la política comercial de 2023 de la OMC evalúa que esta ley podría generar aún mayor incertidumbre entre los generadores privados y socavar la inversión en el sector de la generación.
Según se informa, la expropiación gubernamental de tierras propiedad de empresas estadounidenses es poco frecuente. La Sección 10.7 del Capítulo de Inversión del CAFTA-DR establece que ninguna parte puede expropiar o nacionalizar una inversión cubierta, ni directa ni indirectamente, con una excepción limitada por razones de utilidad pública que exige, entre otras cosas, una compensación pronta y adecuada. Según la Ley de Reforma Agraria, el gobierno hondureño debe compensar las tierras expropiadas en parte en efectivo y en parte mediante bonos del gobierno a 15, 20 o 25 años. La parte a pagar en efectivo no puede exceder los $1,000 si el terreno expropiado tiene al menos una edificación, ni los $500 si está en uso, pero no tiene edificaciones. Si el terreno no está en uso, el gobierno compensará íntegramente mediante bonos del gobierno a 25 años.
Las invasiones de tierras por parte de ocupantes ilegales, tanto de hondureños como de extranjeros, son cada vez más comunes, especialmente en zonas agrícolas. Estas invasiones se han vuelto más frecuentes en 2024, a menudo derivando en enfrentamientos violentos. Los propietarios de tierras en disputa han descubierto que recurrir a vías legales es costoso, lento e ineficaz para resolver estas disputas de propiedad y hacer cumplir las protecciones de propiedad para los propietarios legales.
Honduras ha ratificado la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York de 1958) y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Convención de Panamá). Honduras se retiró oficialmente del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio del CIADI) el 25 de agosto de 2024, convirtiéndose en el único país de Centroamérica que ha abandonado el CIADI. Esta retirada no afectará los derechos ni las obligaciones derivados del consentimiento de Honduras a la jurisdicción antes de su notificación de denuncia.
Las empresas que incumplen sus obligaciones en Honduras pueden declararse en quiebra. Un tribunal hondureño debe ratificar la quiebra para que sea efectiva. Estos casos están regulados por el Código de Comercio del país.
La sentencia judicial que declara la quiebra de la empresa establece el valor de los activos, el reconocimiento y la clasificación de los créditos, el procedimiento para la venta de activos y el cronograma de pago de las obligaciones, en caso de que la empresa no pueda continuar sus operaciones. La sentencia debe publicarse en el Diario Oficial. La liquidación de empresas siempre es un asunto judicial, excepto en el caso de las instituciones bancarias, que son liquidadas por la Comisión Nacional de Banca y Seguros.
En septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) de Honduras y aplicó la decisión retroactivamente a su creación. Las ZEDE eran, en gran medida, zonas económicas autónomas creadas por el Congreso Nacional en 2013. En diciembre de 2022, los propietarios de una ZEDE presentaron una demanda de arbitraje por casi 11 mil millones de dólares ante el CIADI, alegando que las acciones del gobierno violaban las obligaciones de Honduras en el marco del CAFTA-DR y otros acuerdos internacionales. El caso sigue pendiente.
Honduras ratificó el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en julio de 2016, comprometiéndose a agilizar el movimiento, el levante y el despacho de mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. El AFC también establece medidas para una cooperación eficaz entre las aduanas y otras autoridades competentes en materia de facilitación del comercio y cumplimiento aduanero. Según la base de datos OMC/AFC, la tasa actual de cumplimiento de Honduras de los compromisos de notificación de la categoría A del AFC es del 58.4%.
Honduras se menciona, pero no figura en el Informe Especial 301 de 2025 del Representante Comercial de los Estados Unidos. Honduras no se menciona en la Revisión de Mercados Notorios de Falsificación y Piratería de 2024 del USTR.
El marco legislativo hondureño para la protección de los derechos de propiedad intelectual (PI) ofrece medidas disuasorias contra la piratería y la falsificación al exigir la incautación, el decomiso y la destrucción de los productos falsificados y pirateados, así como del equipo utilizado para su producción. La ley también contempla indemnizaciones por infracción de derechos de autor y marcas registradas, a fin de garantizar que se otorgue una indemnización pecuniaria incluso cuando las pérdidas asociadas con una infracción sean difíciles de asignar.
Este marco legislativo, que incluye la ley hondureña de derechos de autor y la ley de propiedad industrial, ofrece, en general, una protección legal adecuada, pero expertos del sector afirman que su aplicación es deficiente. Honduras ha promulgado leyes para cumplir con sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La legislación hondureña protege la exclusividad de datos durante cinco años y las patentes de proceso, pero no reconoce las patentes de segundo uso. El Instituto de la Propiedad y el Ministerio Público se encargan de la protección y la observancia de la propiedad intelectual. No se han promulgado nuevas leyes ni reglamentos relacionados con la propiedad intelectual en el último año y el gobierno no está implementando ninguna reforma.
El Capítulo 15 del CAFTA-DR sobre Derechos de Propiedad Intelectual también prevé la protección y la observancia de una serie de derechos de propiedad intelectual, que son compatibles con las normas estadounidenses e internacionales. También incluye disposiciones sobre la disuasión de la piratería y la falsificación. Asimismo, el CAFTA-DR otorga a las autoridades la facultad de confiscar productos pirateados e investigar casos de propiedad intelectual por iniciativa propia.
Corrupción
Empresas y ciudadanos estadounidenses denuncian que la corrupción en el sector público y el poder judicial constituye una limitación importante para la inversión en Honduras. Históricamente, la corrupción ha sido generalizada en:
contratación pública,
emisión de permisos gubernamentales,
aduanas,
transacciones inmobiliarias (en particular, transferencias de títulos de propiedad),
requisitos de desempeño y
el sistema regulatorio.
Honduras ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) en diciembre de 2005. El gobierno de Castro continúa negociando con la ONU el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), liderada por la ONU. Honduras ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción (Convención de la OEA) en 1998.
Entorno político y de seguridad
Las tasas de delincuencia y violencia se mantienen altas, lo que encarece y desincentiva la inversión. Las manifestaciones son frecuentes en Honduras y la incertidumbre política supone un desafío para la estabilidad. Grupos colectivos, afiliados al partido gobernante, han interrumpido las actividades comerciales, incluso en centros médicos. En un par de casos, estos grupos se han vuelto violentos.
Si bien la delincuencia violenta sigue siendo un problema persistente, Honduras ha reducido los homicidios a menos de 40 por cada 100.000 habitantes. Los casos de violencia, extorsión y secuestro siguen siendo comunes, especialmente en zonas urbanas donde la presencia de pandillas es más generalizada. El gobierno ha decretado un estado de excepción desde diciembre de 2022, suspendiendo los derechos constitucionales en 17 de los 18 departamentos de Honduras.
Los narcotraficantes siguen utilizando Honduras como punto de tránsito para la cocaína y otros narcóticos con destino a Estados Unidos y Europa, lo que alimenta las disputas territoriales en algunas zonas e inyecta fondos ilícitos en los procesos judiciales para distorsionar la justicia. Históricamente, el sector empresarial ha sido blanco de secuestros extorsivos, pero el número de estos secuestros se redujo de 92 en 2013 a 15 en 2021, principalmente gracias a la labor de la Unidad Nacional Antisecuestro de la Policía Nacional de Honduras, apoyada por el gobierno estadounidense. Si bien las tasas de delitos violentos tienden a la baja, la corrupción y los delitos de cuello blanco, incluido el blanqueo de capitales, afectan negativamente la prosperidad económica y la estabilidad del sector empresarial.