La industria petrolera, presentada en Honduras como una estrategia de desarrollo, se perfila como una amenaza directa para 25 municipios del Caribe y más de 25 mil pescadores artesanales que dependen de la pesca y el turismo para subsistir.
Oilwatch, organización internacional que lucha contra los impactos de los combustibles fósiles, advierte que “la promesa de desarrollo no se cumple en contextos como el hondureño. En lugar de generar prosperidad, las ganancias se concentran en las élites y las compañías extranjeras, mientras los costos sociales, culturales y ambientales recaen sobre las comunidades locales”.
La desconfianza se refleja en las voces de los pueblos indígenas Miskito, Pech, Tawahka y Garífuna, así como en las comunidades costeras y ambientalistas, que ven en esta industria más riesgos que oportunidades.
Aunque el Gobierno podría aceptar la explotación bajo la promesa de beneficios económicos sin comprometer el ambiente ni la seguridad, la experiencia latinoamericana demuestra que ese escenario nunca se concreta.
En 2023, la Secretaría de Energía firmó un memorando de entendimiento con Petróleos Mexicanos (PEMEX) para el intercambio de conocimientos, un gesto que revela la intención del gobierno de Xiomara Castro de abrir el camino al petróleo con apoyo de países vecinos.
Sin embargo, en un contexto como el hondureño, caracterizado por marcos regulatorios débiles y limitada capacidad de respuesta ante emergencias, cualquier derrame tendría consecuencias irreversibles para las comunidades, como se aprecia en otros países afectados.
En marzo de 2025, la ruptura de un oleoducto en Ecuador, liberó más de 25 mil barriles de crudo, afectando ríos y manglares, y dejando a más de 300 mil personas sin acceso a agua segura. En 2022, un derrame de más de 11 mil barriles en Perú, contaminó playas, reservas naturales y medios de vida, sin que las reparaciones hayan sido suficientes.
Y tras el derrame de Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010, Estados Unidos desplegó equipos especializados y destinó 20 mil millones de dólares para compensaciones y restauración.
“En Honduras, el extractivismo petrolero se presenta como una salida a la pobreza, pero la experiencia demuestra lo contrario. Tenemos comunidades devastadas, salud deteriorada y ecosistemas perdidos. Por eso es necesario un estudio técnico independiente que evalúe las verdaderas implicaciones económicas, sociales y ambientales antes de tomar decisiones que afecten al territorio costero”, señaló el comité central de Oilwatch.
Gran Caribe Libre de Fósiles y la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE) respaldan este llamado y subrayan que las promesas de desarrollo asociadas a la industria petrolera son mínimas frente a los impactos reales.