Hace unos meses advertí, con responsabilidad, que no existían condiciones reales para garantizar elecciones el 30 de noviembre. Fui criticada por ello. Hoy, los hechos me dan la razón.
Hasta el lunes 7 de julio, el cronograma electoral avanzaba. Pero ese día, las ofertas para el sistema de transmisión TREP no pudieron ser recibidas porque militantes de Libertad y Refundación bloquearon el ingreso. Desde entonces, el proceso está detenido.
Nos convocaron al Congreso Nacional, pero ni siquiera ahí nos garantizaron seguridad. Al consejero Marlon Ochoa se le ha citado a sesión en cuatro ocasiones y no se presenta.
Ahora, para impedir que sesionemos, convocan a su militancia para rodear el edificio a las tres de la tarde.
Le hablo con firmeza al pueblo hondureño: las elecciones del 30 de noviembre están en grave riesgo. ¿Cuántas señales más necesitamos para abrir los ojos? A la Policía Nacional: redoblen las medidas de seguridad. Cumplan con su deber como aliados de la democracia.
El Consejo Nacional Electoral no solo organiza elecciones: es un pilar de la democracia y su funcionamiento es asunto de seguridad nacional.
Exigimos garantías para nuestro personal, nuestras instalaciones y nuestros procesos. Honduras no puede permitir que la voluntad del pueblo sea silenciada por la intimidación y el caos.
Al cumplirse la hora límite para la recepción de ofertas de empresas interesadas en prestar el servicio de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la presencia de militantes del partido Libertad y Refundación impidió el ingreso de los oferentes.
Frente a este atentado contra la transparencia del proceso electoral, se ha publicado una enmienda en la plataforma de ONCAE para permitir que las empresas puedan presentar nuevamente sus ofertas.
La silla vacía habla por sí sola: deja en evidencia quién está detrás de este hecho lamentable. Contra viento y marea, ¡sí habrá elecciones en Honduras!