El Departamento de Estado ha designado a cuatro funcionarios del régimen cubano por violaciones flagrantes de derechos humanos, concretamente por la detención arbitraria de Luis Robles Elizástigui.
Los jueces y fiscales que actúan como agentes del régimen, y no como miembros de un poder judicial independiente, desempeñan un papel fundamental en estas detenciones y enjuiciamientos arbitrarios.
Son responsables de los procesos judiciales ficticios que persiguen, condenan y sentencian injustamente a personas por expresar pacíficamente sus opiniones y por su activismo.
Esto se aplica igualmente a las nuevas detenciones de presos políticos que son retornados a la cárcel por motivos frívolos, como José Daniel Ferrer y Félix Navarro.
El Departamento ha designado a la fiscal Yanaisa Matos Legrá y a los jueces Gladys María Padrón Canals, María Elena Fornari Conde y Juan Sosa Orama. Como resultado, estos funcionarios del régimen y sus familias no son elegibles para ingresar en Estados Unidos.
Los cuatro trabajan en el Tribunal Provincial Popular de La Habana, donde supervisaron el enjuiciamiento, la condena y la sentencia de Robles Elizástigui en nombre del régimen.
Estas designaciones son una prueba más del compromiso de la Administración Trump de exigir responsabilidades a los funcionarios del régimen cubano implicados en violaciones de derechos humanos.
Continuaremos utilizando todos los instrumentos disponibles para defender los derechos humanos del pueblo cubano y alejamos a nuestros aliados y socios a que hagan lo mismo.
Estas designaciones se realizan conforme al artículo 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados (Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act ) de 2014 (Div. F, PL 118-47), prorrogada por la Ley de Continuidad de Asignaciones (Continuing Appropriations Act ) de 2025.