Transparency International condena las recientes declaraciones de las autoridades de Honduras dirigidas contra nosotros y nuestro capítulo, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), tras la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 el 30 de enero. En lugar de responder redoblando los esfuerzos para abordar las causas profundas de la corrupción en el país, el gobierno ha recurrido a difamar a nuestro capitulo nacional y a la metodologia del IPC.
Las puntuaciones del IPC se basan en datos de 13 indicadores elaborados por 12 organizaciones Independientes y de gran reputación, como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y el World Justice Project, entre otras. Transparency International y su red de capítulos no contribuyen en modo alguno a la elaboración de dichas evaluaciones. Por lo tanto, el resultado final del IPC refleja las opiniones de expertos y empresarios independientes y no las de Transparency International o nuestros capitulos.
El IPC 2023 reveló el estancamiento de Honduras en la lucha contra la corrupción. La puntuación del país, de 23 sobre 100, no ha cambiado en los últimos tres años. La falta de progreso refleja el debilitamiento sistémico de las prácticas democráticas y la falta de independencia del poder judicial.
Honduras ha obtenido 23 puntos en el Índice de percepción de la Corrupción que publica la Organización para la transparencia Internacional.Su puntuación no ha sufrido ningún cambio respecto a la obtenida en 2021, así pues sus ciudadanos mantienen estable su percepción de la corrupción en Honduras.
Con esa puntuación Honduras mantiene la posición 157, de los 180, luego la percepción de corrupción de sus habitantes es muy alta.
Reiteramos nuestro firme apoyo a ASJ y a su valiente labor en la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia y la búsqueda de la justicia en Honduras. Es inaceptable que las organizaciones de la sociedad civil sufran intimidación y represalias por su legítima defensa de los derechos y la transparencia. Instamos al gobierno hondureño a que proteja el espacio civico y cree un entorno propicio para que la sociedad civil exija responsabilidades al poder. La participación ciudadana y la libertad de expresión son fundamentales para fortalecer la democracia y el Estado de derecho.
Cualquier intento de socavar el espacio cívico es una amenaza para la propia democracia. François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, ha declarado: «El gobierno hondureño debe dejar de difamar a organizaciones como Transparencia Internacional y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y permitir que las voces críticas señalen las deficiencias del gobierno en la lucha contra la corrupción. Sólo así se conseguirá una sociedad más transparente y responsable.
Cualquier acción que pueda poner en peligro la integridad y disminuir aún más el ya reducido espacio cívico de la región, debe detenerse inmediatamente».