Por Esdras Diaz Madrid (PU)
Más de 6 millones de hondureños estarían en riesgo de inseguridad alimentaria entre junio y agosto de este año sostiene el Boletín Económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en su edición número 29, además la tendencia actual de la inflación indica que al cierre de este año posiblemente se alcance la alarmante tasa interanual superior al 10.0%, la cual pondría restricciones al consumo real. Esto implicaría que el número de hogares en inseguridad alimentaria proyectada a agosto de 2022 es de 1.4 millones.
El informe detalla que los departamentos que se encuentran en la fase de crisis, siendo los que presentan mayor severidad de inseguridad alimentaria son: Gracias a Dios (43%), Lempira (32%) y La Paz (30%), asimismo, las causas para esta precaria situación son diversas, no obstante, las principales razones van desde “la marcada alza en los precios de los productos de la canasta básica, especialmente incidida por el incremento constante en los precios de los combustibles; una disminución en la producción de granos básicos como el maíz y frijoles como consecuencia del cambio climático, el cual limita en parte, el acceso a insumos productivos aunado a las pérdidas en las cosechas, lo que encarece la producción e incide directamente en los alimentos básicos de la dieta hondureña”, argumenta el Boletín, publicaciones mensuales con rigor científico que se han posicionado en el país como referentes en materia económica.
El Boletín como en todas sus ediciones brinda a los tomadores de decisiones en el aparato gubernamental, empresa privada y cooperación internacional, lineamientos y recomendaciones que se pueden implementar para hacerle frente a la problemática, entre ellas señala que es fundamental garantizar la disponibilidad suficiente de alimentos para la población, para ello, se requiere apoyar a los productores nacionales en sus diferentes niveles, a la vez resulta importante que, mientras dure la crisis, el Estado cumpla con su rol de garantizar y respetar el derecho a la alimentación de la población más vulnerable del país.
Por otro lado, sugiere que se debe inyectar de nuevos recursos al sector agrícola a través de créditos, disminución de los impuestos a la producción, especialmente a los productores de granos básicos, así como supervisar y mantener operativa la cadena productiva de alimentos para garantizar que estos sean de la calidad e inocuidad requerida acordes a los valores nutricionales de la población, sobre todo para la más vulnerable como la niñez, las mujeres embarazadas y en período de lactancia, entre otras medidas.