La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) constatan con preocupación la continuidad de estrategias represivas e intimidatorias por parte del Estado de Cuba con el fin de obstaculizar el desarrollo de la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre, que finalmente no se realizó.
Según información pública, integrantes de la plataforma Archipiélago y de otros grupos de la sociedad civil solicitaron autorización a las autoridades competentes para llevar a cabo la marcha pacífica contra la violencia y a favor del respeto a los derechos humanos, y por la liberación de presos políticos en el país. Sin embargo, las autoridades cubanas denegaron la solicitud por considerarla ilícita y por no reconocer la legitimidad de las razones que esgrimen para la misma, de acuerdo con lo expresado por quienes organizaban la marcha.
Asimismo, la Comisión tomó nota de que la Fiscalía General de la República habría advertido a las personas organizadoras que de insistir a la protesta, serían acusadas de varios delitos, entre ellos desobediencia, manifestaciones ilícitas e instigación a delinquir. Se recibió información también sobre diversos actos represivos e intimidatorios durante entre el 12 y 15 noviembre, reportes de alegadas retenciones domiciliarias con vigilancia policial, detenciones arbitrarias, actos de repudio y hostigamiento en contra de las personas organizadoras y de quienes apoyaban la marcha, citaciones a interrogatorios en estaciones policiales, amenazas de imputación de delitos y cortes deliberados en el servicio de internet. Estas acciones represivas conllevaron un escenario generalizado de temor y autocensura, y desalentaron el ejercicio del derecho de protesta por parte de la ciudadanía.