Este es el contenido de una declaración pública enviada el 7 de febrero por el Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken
El compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción y promover la democracia, el Estado de derecho y la rendición de cuentas en apoyo a la población de América Central es inquebrantable. Creemos que estas cuestiones son esenciales para que América Central tenga un futuro más próspero. A fin de promover esta prioridad, hoy hemos desclasificado y divulgado la incorporación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández a la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos elaborada por Estados Unidos conforme al artículo 353 de la Ley de Mayor Colaboración entre Estados Unidos y el Triángulo Norte [United States – Northern Triangle Enhanced Engagement Act], con sus reformas, que establece de manera general que los responsables de estos actos no podrán obtener visas para Estados Unidos ni ser admitidos en este país. El Departamento de Estado incluyó a Hernández en la lista con vigencia desde el 1 de julio de 2021.
Conforme se explica en nuestro informe al Congreso, y según lo han señalado numerosos medios periodísticos creíbles, Juan Orlando Hernández ha participado en actos significativos de corrupción al cometer o facilitar hechos de corrupción o narcotráfico, y usar el lucro obtenido de actividades ilícitas para contribuir a campañas políticas. A su vez, en declaraciones juradas de testigos en el marco de un proceso penal federal en EE. UU. se identificó por su nombre a Hernández y se señaló que habría recibido ganancias generadas por el narcotráfico como parte de los fondos para su campaña. El Departamento incluyó a Hernández en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos el 1 de julio de 2021 y ahora hace pública esta situación.
Estados Unidos sigue empleando todas las herramientas a su alcance para promover la rendición de cuentas por actos de corrupción y otros ataques contra la seguridad, la estabilidad y las aspiraciones democráticas del pueblo de Honduras, América Central y el mundo en general. Seguiremos colaborando con los funcionarios públicos y los miembros de la sociedad civil y el sector privado hondureños que demuestren estar decididos a combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática, incluso en el marco de una política general orientada a abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde la región. Continuaremos apoyando a las personas en Honduras en su empeño por contribuir a las instituciones democráticas y ampararse en ellas, generar oportunidades económicas equitativas y forjar el futuro al cual aspiran para ellas y sus familias.