Por Claudia Espinoza La Prensa Gráfica
Las oficinas de los fiscales que trabajaron en el Caso Catedral, dentro del cual se investigaban actos de corrupción de actuales funcionarios gubernamentales, fueron allanadas para incautar «dispositivos de almacenamiento digital», según una orden judicial que reveló ayer el medio digital El Faro.
Según el medio de comunicación, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una pesquisa en contra de siete fiscales que estuvieron en el Grupo Especial Antimafia (GEA) el cual hasta mayo de 2021 había investigado a funcionarios como Carlos Marroquín y Osiris Luna por liderar las negociaciones del gobierno con las pandillas. Además logró documentar que algunos funcionarios del actual gobierno de Nayib Bukele cometieron actos de corrupción durante la emergencia nacional por covid-19, como el mismo Osiris Luna.
La orden judicial fue avalada por el juez Quinto de Paz de San Salvador, Rafael Antonio Iraheta Tamayo, el 10 de enero de este año y ese mismo día iniciaron los registros. La solicitud de allanamiento la hizo la FGR bajo el argumento que tienen información para comprobar que los fiscales señalados revelaron información confidencial sobre el Caso Catedral.
Según la cita que hizo El Faro de la orden judicial, «la diligencia se ha autorizado de las ocho horas del día diez de enero hasta las ocho horas del día 12 de enero con la finalidad de incautar objetos (dispositivos de almacenamiento de información digital) que se utilizaron para la revelación o divulgación de hechos, actuaciones, información o documentación que debería permanecer en reserva. Así como la información obtenida en el curso de la intervención de las telecomunicaciones autorizadas judicialmente relacionado al expediente».
Además, el documento establece que dichas actuaciones están relacionadas con la comisión de los delitos de «divulgación de material reservado, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado judicial».
Según El Faro, tres exfiscales que participaron en las investigaciones del GEA confirmaron que fueron allanados el pasado lunes.
Dos peritos fiscales que fueron delegados deberán extraer información de los aparatos electrónicos de los investigados. La orden judicial detalla que «se autoriza la obtención o extracción y resguardo de información electrónica y análisis de la misma contenida en los dispositivos digitales que se encuentren. Específicamente de la información que tenga relación al delito o delitos investigados».