El histórico desplome en las ejecuciones violentas que vive El Salvador se debe a un pacto secreto entre el Gobierno de Nayib Bukele y las tres pandillas que controlan el país, Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, según nuevas pruebas difundidas este lunes en el digital salvadoreño El Faro. Este periódico publicó audios, fotografías y testimonios que apuntalan los contactos del mandatario con los líderes pandilleros a cambio de mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad.
Según el diario salvadoreño, antes de su destitución en mayo de este año, el fiscal Raúl Melara organizó un grupo para investigar la relación de varios funcionarios de este y otros gobiernos implicados en diálogos con estas organizaciones, consideradas terroristas por la legislación salvadoreña. En esa investigación se reunieron decenas de pruebas que terminaron sin ver la luz, por la precipitada e ilegal salida del cargo de Melara y su equipo.
Aquel grupo de fiscales bautizó el caso como Catedral y se incautó de documentos oficiales de Centros Penales después de que El Faro publicara, en septiembre de 2020, que el Gobierno llevaba un año negociando con la MS-13. El 7 de septiembre de 2020, cuatro días después de la publicación de este medio, la Fiscalía registró varias cárceles, así como las oficinas centrales de la Dirección General de Centros Penales (DGCP). Fruto de esas investigaciones, los fiscales descubrieron que la operación para negociar con los pandilleros era mucho más amplia de lo publicado hasta el momento: no solo incluía a la MS-13, sino además a las dos facciones del Barrio 18, cuyos líderes encarcelados también recibieron visitas de funcionarios públicos.
Los investigadores de Catedral descubrieron un mayor número de visitas irregulares a las cárceles de máxima seguridad, en las que el director de Centros Penales, Osiris Luna, autorizaba a personas encapuchadas a ingresar a los penales para reunirse con líderes de las tres pandillas, saltándose todos los protocolos legales de ingreso, incluyendo los registros, e incluso dejándoles entrar sin siquiera identificarse. Los fiscales concluyeron que esos misteriosos encapuchados eran generalmente funcionarios de la actual Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, dirigida por Carlos Marroquín, y líderes pandilleros en libertad que entraban a recibir instrucciones y a transmitir información a sus líderes encarcelados.
La Fiscalía consiguió también libros de novedades y fotografías de esas visitas y logró el teléfono de uno de los pandilleros de la MS-13 involucrado en la negociación, de los que extrajeron mensajes de audio en los que la pandilla se refiere al disfraz que usarán sus miembros para ingresar a la cárcel para negociar. En uno de los audios, de fecha 6 de agosto de 2020, un pandillero habla con otro sobre los preparativos para entrar, y le asegura que los representantes del Gobierno están nerviosos: “A ellos les preocupa el más mínimo error que podamos cometer de parte de nosotros y también ellos tienen el cuidado de no cometer el más mínimo error para que esto no fracase y no salga a la luz pública que hay un entendimiento”.
MG EL PAIS, EL FARO