CIDH insta a Estados Unidos a abstenerse de aplicar la pena de muerte a Melissa Lucio, beneficiaria de medidas cautelares.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a los Estados Unidos de América de abstenerse de aplicar la pena de muerte impuesta a Melissa Lucio, fijada para el 27 de abril de 2022. Melissa Lucio es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas mediante la Resolución 10/2022, del 18 de febrero, y se encuentra recluida en Texas en el corredor de la muerte, en régimen de aislamiento, hace 14 años.

Mediante dicha Resolución, la CIDH solicitó a Estados Unidos que adopte las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de Melissa Lucio y se abstenga de ejecutar la pena de muerte hasta que la Comisión tenga oportunidad de pronunciarse sobre su petición que se encuentra ante el Sistema de Peticiones y Casos de la CIDH. Asimismo, se solicitó al Estado que garantice condiciones de detención consistentes con los estándares internacionales, dando especial consideración a las condiciones personales de la beneficiaria y, por último, que adopte las medidas en cuestión de manera concertada con la beneficiaria y sus representantes.

Tras el otorgamiento de las medidas cautelares, el Estado indicó, el pasado 18 de abril, que las medidas cautelares dictadas a favor de Melissa Lucio fueron enviadas al Gobernador y al Procurador General del Estado de Texas el 23 de febrero. Asimismo, señaló que la solicitud de información actualizada fue reenviada a las citadas autoridades.

La Comisión recuerda que, conforme lo señalado en el informe La pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos: De restricciones a abolición, las principales preocupaciones identificadas en relación con la aplicación de la pena de muerte consisten en el riesgo de ejecutar a personas inocentes, la arbitrariedad e injusticia en la aplicación de esta pena, y el trato inhumano que caracteriza la permanencia en el corredor de la muerte.

En este sentido, la CIDH llama nuevamente a eliminar la pena de muerte, o en su defecto, a imponer una moratoria sobre las ejecuciones como un paso hacia su abolición gradual.