Al conmemorarse cuatro años del inicio de las protestas sociales del 18 de abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refrenda su compromiso y acompañamiento a la población nicaragüense en la búsqueda de justicia, reparación, la reconstrucción de su democracia y una reconciliación nacional basada en el derecho a la memoria y a la verdad.
Desde el 2018, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Comisión ha documentado el desarrollo de la crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas y el progresivo quebrantamiento del Estado de derecho. Desde entonces, las violaciones a los derechos humanos en el país continúan profundizándose por la falta de independencia de poderes mediante la concentración del poder en el Ejecutivo, un estado de excepción de facto y la persistencia de la impunidad.
Al respecto, den el Informe «Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho», se constató la voluntad del actual Gobierno de perpetuarse de manera indefinida en el poder, y de mantener sus privilegios e inmunidades, en un contexto de corrupción, fraude electoral e impunidad estructural. Ello en un clima de represión, cierre de los espacios democráticos, la prohibición de protestas sociales, la clausura y allanamiento de medios de comunicación independientes y la detención arbitraria de importantes líderes de la oposición, incluyendo quienes buscaron ser candidatas en las elecciones de 2021.
Desde el 18 de abril de 2018, permanecen en completa impunidad las graves violaciones a derechos humanos perpetradas en el marco de la represión estatal, que resultaron en 355 personas fallecidas; más de 2 mil heridas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios; y más de 135 organizaciones de la sociedad civil cuya personería jurídica fue cancelada. Asimismo, miles de personas han sido forzadas a desplazarse a otros países.
Por otra parte, la CIDH expresa su solidaridad con las más de 171 personas que permanecen privadas de la libertad de manera arbitraria y en condiciones contrarias a la dignidad e integridad personal, según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Algunas de ellas, son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y de medidas provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a los graves riesgos que enfrentarían a su vida e integridad personal.
La Comisión advierte la intensificación de la estrategia tendiente a mantener cooptado el espacio cívico y democrático, a través de la reciente aprobación de normas y la implementación de nuevas medidas que restringen aún más de manera arbitraria las libertades públicas y los derechos humanos. Entre otras, se observa con preocupación la Ley del Notariado que facilitaría la criminalización de abogadas y abogados y notarias y notarios públicos por delitos asociados al lavado de activos; la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, y que favorece el control y criminalización de las organizaciones en atención a las actividades que realizan y; las reformas a la Ley General de Educación y a Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior que debilitarían la autonomía universitaria y eliminan a la Universidad Centroamericana (UCA) del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en alegada represalia a la participación de sus estudiantes en las protestas de abril de 2018 y a su posición crítica frente al gobierno.