El secretario general de la ONU, António Guterres, abogó por un diálogo constructivo y pacífico en Honduras para resolver las diferencias en el marco del proceso constitucional, informó hoy su portavoz, Stéphane Dujarric.
Según indicó el vocero, el máximo representante de Naciones Unidas sigue de cerca los acontecimientos políticos en ese país centroamericano.
Honduras experimenta una crisis política tras la juramentación de dos juntas directivas en el Congreso Nacional: una aprobada por la mayoría de los diputados propietarios en el hemiciclo y la otra, por el futuro poder ejecutivo liderado por Xiomara Castro.
El diputado Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, cargo reconocido por el futuro poder ejecutivo, defendió hoy iniciativas vinculadas a la refundación de ese país, durante la instalación de la primera legislatura en el hemiciclo.
Dentro de las propuestas, el parlamentario presentó la ley que condena el golpe de Estado de 2009 contra el entonces mandatario Manuel Zelaya, el establecimiento de la reelección como delito y de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción.
Otros puntos son el análisis de la eliminación de los subsidios a diputados, la ley de amnistía a los presos políticos, la de anti enriquecimiento y la revocatoria de mandato, y la conformación de una mesa anticorrupción con el fin de revisar varios dictámenes.
Redondo también aludió a la creación de una ley especial que denuncia la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández en 2017 y la califica como un delito de traición a la patria.
En paralelo, la legislatura presidida por Jorge Cálix, uno de los expulsados del Partido Libertad y Refundación, transcurrió mediante una transmisión en vivo compartida por la red social Facebook y con el abordaje de cinco puntos contenidos en su programa de mandato.
Además, este parlamentario considerado disidente mencionó la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico; la anulación de la Ley de Secretos, catalogada por Cálix como “un escudo de los corruptos”; y la revisión del Código Penal respecto a los castigos para quienes cometen hechos ilícitos.