El Departamento de Estado tomó hoy medidas para imponer restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno de Nicaragua, incluidos policías y personal paramilitar, funcionarios penitenciarios, fiscales, jueces y funcionarios públicos de educación superior, así como a ciertos actores no gubernamentales por sus funciones en apoyar al régimen Ortega-Murillo en sus ataques a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la represión de las organizaciones de la sociedad civil y su aprovechamiento de los migrantes vulnerables.
En noviembre de 2021, el presidente Biden emitió una Proclama Presidencial restringiendo la entrada a Estados Unidos de aquellas personas quienes amenazan la democracia en Nicaragua. Desde entonces, Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a más de 1.400 funcionarios nicaragüenses, especialmente contra aquellos cómplices de violaciones de derechos humanos y prácticas corruptas.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y quienes están bajo su mando, continúan deteniendo injustamente a quienes abogan valientemente por una sociedad libre, la libertad de religión y la libertad de expresión. El régimen de Ortega-Murillo también se ha involucrado en enriquecerse mediante la explotación de migrantes vulnerables. Estados Unidos continúa pidiendo a la comunidad internacional asegurar la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Nicaragua. No renunciaremos a nuestro apoyo a los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense.
Esta medida se adoptó de conformidad con la Proclama Presidencial 10309, que suspende la entrada a los Estados Unidos, como inmigrantes y no-inmigrantes, a miembros del gobierno de nicaragua y otras personas que formulan, implementan o se benefician de políticas o acciones que socavan las instituciones democráticas.
Estas acciones de hoy complementan las acciones tomadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que sancionan a tres entidades con sede en Nicaragua, incluido un centro de capacitación ruso que ayuda a mantener el ciclo de opresión violenta en Nicaragua, y dos empresas mineras del sector de oro afiliadas al gobierno, generando ingresos para el régimen de Ortega-Murillo y el Centro de Capacitación del Ministerio del Interior ruso en Managua como actor clave en la expansión del estado policial represivo de Ortega-Murillo.